Las decisiones políticas son las que afectan directamente el rumbo económico de un país. Por ejemplo, lo que el Congreso Nacional apruebe o no respecto a un Presupuesto General de la Nación, o las aplicaciones de leyes específicas, marcan las rutas de la economía de una nación.
Pero eso va de la mano con la honestidad y honorabilidad de las autoridades de un país. En esa línea, expertos y calificadoras internacionales coinciden que Paraguay precisa de inversión extranjera para poder continuar un avance en la economía, en términos generales. Y para eso es necesario un urgente fortalecimiento de sus instituciones, principalmente de las que administran la justicia.
En esos términos, la mirada de inversionistas extranjeras, están sobre la efectividad de las instituciones de justicia, como ser la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial, los órganos de extra poder, entre otros.
Pero, ¿cómo se puede garantizar una sanitación de los órganos de justicia ante un escenario de copamiento institucional de un sector político que circunstancialmente ostenta el poder y que impone figuras de dudosa formación e integridad?
Un negro panorama
El analista económico, Amílcar Ferreira, habló con Latitud 25, y afirmó que el Paraguay necesita pasar del modelo “endeudador” al de las inversiones, y en ese campo las que provengan del exterior serán fundamentales para poder continuar con los planes de fortalecimiento de nuestra economía.
Dijo además, que el fortalecimiento de las instituciones es crucial para poder ofrecer atractivos, y no es ese precisamente el escenario que se presenta, según su criterio.
“En el 2003, cuando asume Nicanor, en ese momento, el desafío del país, lo más importante era ordenar la economía y lo hicimos relativamente bien, pero el desafío que les toca a esta generación es más complejo porque implica un cambio cultural: modificar prácticas muy arraigadas en nuestras clases políticas. Por un lado, de control de los órganos de justicia” dijo el especialista.
Señaló que con la designación del senador David Rivas, colorado cartista, el oficialismo envía una señal de control y concentración de poder, lejos de ofrecer una imagen de seguridad e independencia jurídica.
“Yo creo que lastimosamente el panorama en ese aspecto del fortalecimiento institucional es bastante sombrío para los próximos años. Con estos nombramientos, envían una señal muy contraria al fortalecimiento institucional. Con personas que yo creo que no están a la altura de lo que el país necesita y se merece incluso en esta etapa”, refirió.
Ferreira agregó que el nuevo equipo de gobierno está demostrando que su objetivo es, antes que fortalecer las instituciones, seguir controlándolas o incluso incrementar ese control con las instituciones a favor de intereses de políticos.
Explicó que las calificadoras globales y las cooperaciones bilaterales, como los fondos internacionales, indican que fortalecer la imagen institucional de nuestro país es hasta casi urgente.
“Yo creo que no vamos a tener fortalecimiento institucional en estos próximos cinco años. Paraguay con eso no va a alcanzar el grado de inversión. Va a mantenerse en el esquema actual nomás”, apuntó.
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¿Complicaciones diplomáticas?
Algunas designaciones recientes, como la del actual presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Hernán David Rivas, “adorador” de Horacio Cartes, significativamente corrupto según el Gobierno de los EE. UU., o la de Liliana Alcaraz, futura titular de SEPRELAD, cuestionada por su inacción en el caso Messer, generan dudas sobre la independencia del presidente electo, Santiago Peña.
La pregunta que surge en este sentido es, ¿cuánto afecta a la imagen país este tipo de decisiones que parecen responder a intereses político-partidarios, antes que a los de la ciudadanía?¿es difícil convencer a inversionistas extranjeros a radicar su capital en Paraguay ante este escenario de imprevisibilidad e inseguridad jurídica?
En este sentido, el vicecanciller Raúl Silvero, segundo en el manejo de la política de comercio exterior de nuestro país, habló con L25 y abordó las implicancias que conlleva para el país en materia comercial, tener a personas en el sistema de justicia, ligadas a otras con investigaciones que trascienden nuestras fronteras.
“La debilidad institucional, por supuesto, que tiene su implicancia en el país y en el extranjero”, dijo Silvero.
Advirtió que la inseguridad jurídica y una falta de estabilidad y previsibilidad de las instituciones, podría entorpecer las labores diplomáticas a la hora de conectar al Paraguay con capital extranjero.
“Toda situación que vaya contra el fortalecimiento de la institución del Paraguay, por supuesto que afecta al trabajo que se viene haciendo en materia de inserción internacional del Paraguay”, reconoció Silvero.
Dijo que la imagen del país que viene desarrollando la Cancillería, es bastante positiva, y espera que así se mantenga o mejore en el siguiente gobierno.
Mensaje del sector industrial
En la inauguración de la Expo Mariano Roque Alonso, en su edición 2023, Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) dejó un mensaje de respaldo al Fiscal General del Estado, Emilio Rolón, y un mensaje al gobierno entrante de Santiago Peña, al pedir que el Ministerio Público se mantenga en una posición de honestidad irrestricta.
“Representantes del Ministerio Público, no se dejen seducir por el dinero sucio de los grupos mafiosos”, sentenció.
Para luego añadir: “Que los fiscales, jueces y autoridades competentes decreten la tolerancia cero contra el contrabando y a todas las expresiones de podredumbre moral. Los contrabandistas y lavadores de dinero no pueden seguir caminando orondamente por las calles”.
Estas declaraciones se dan en medio de comentarios de pasillos, que refieren que el oficialismo podría activar un plan de juicio político contra el Fiscal General, en caso de que no responda a los intereses fácticos de Honor Colorado.
En su discurso, Duarte también reclamó al gobierno entrante a hacerse cargo de la informalidad, el contrabando, la seguridad ciudadana, la salud, la educación, la caja fiscal, la deuda con los proveedores o el problema de la hidrovía.
En términos más sencillos, que se ocupe de depurar y erradicar la corrupción de las instituciones pertinentes para el desarrollo de una economía próspera del país.
