Los fiscales Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas presentaron la imputación contra Miguel Prieto por la presunta compra ficticia de kits de canasta básica por valor de G. 1.769.790.000, lo que habría producido un perjuicio a las arcas del municipio.
El Ministerio Público pidió el arresto domiciliario de Prieto y de otros 10 imputados en la causa: Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Arrúa Alvarez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Segovia Acevedo, Fermían Avalos Britos y Emili Vanessa Florentín Páez.
Posteriormente, el juez interino José Agustín Delmás admitió la imputación contra Miguel Prieto y demás imputados. Así también fijó para el 28 de julio la audiencia de imposición de medidas para seis imputados y para el 31 de julio la audiencia para otros cinco imputados.
La imputación
El acta de imputación señala que el 20 de marzo del 2020, por resolución N° 3331, la Muni de CDE llamó a licitación por vía de la excepción para la adquisición de canastas básicas para distribuir a familias de escasos recursos por la pandemia del COVID-19.
La empresa Tía Chela S.R.L. presentó una oferta de G. 2.949.650.000. Para la Fiscalía, la firma adjudicada no habría tenido en su inventario la totalidad de las mercaderías ofertadas a la comuna, para el 23 de marzo de 2020, fecha en la cual el comité de evaluación se reunió para evaluar la oferta.
Además, según el Ministerio Público no obraba documento alguno que acreditara que la misma contara con la disponibilidad material de proveer los bienes ofertados de forma inmediata.
También, la Fiscalía señala que la proveedora tampoco contaba con la capacidad financiera, técnica ni experiencia para dar cumplimiento a la licitación de un monto tan significativo. Según las sospechas, la estructura jurídica de Tía Chela S.R.L. habría sido utilizada para hacer un montaje documental para ocasionar un perjuicio a la comuna esteña.
La imputación señala que, supuestamente, la firma entregó los 15 mil kits el 27 de marzo de 2020 y la Municipalidad hizo un pago de G. 1.769.790.000. Luego se habría hecho una segunda entrega de 10 mil kits de alimentos, el 13 de abril de 2020, y de esa forma se completó la entrega de 25 mil kits «lo cual no se ajusta a la realidad», según calificó el equipo fiscal.
La versión de Prieto
Tras conocerse la imputación, el jefe comunal esteño, Miguel Prieto, en contacto con la 1080 AM expresó que su administración cuenta con «todos los documentos respaldatorios».
«Tenemos las 75.000 fotos, en archivo, de las personas que recibieron uno a uno, con las cédulas de identidad, las planillas, las firmas e incluso todo geo-referenciado. Esos documentos tienen la Fiscalía y la Contraloría General de la República»
parte de la declaración de Miguel Prieto.
Prieto añadió que renunciar al cargo no se cruza por su cabeza. «Tendrían que llevarme a la cárcel y llamar a nuevas elecciones, pero yo no voy a renunciar», enfatizó.
Además, en contacto con la 730 AM, Miguel Prieto calificó de ‘mentira’ la imputación en su contra y dijo que la Fiscalía tiene derecho en dudar, pero que en su caso «están inventando cosas y buscando manipular la información» para atribuirle un hecho.
«Me parece una barbaridad que dicen que hay un faltante de G. 1.700 millones. No faltó un kilo de azúcar, no faltó un kilo de fideos, no faltó absolutamente nada», sostuvo.
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