El diseño y aplicación de políticas públicas en un país, para los próximos años, depende de los datos oficiales que se puedan recolectar en censos nacionales, que por su alto costo logístico y económico, se realizan cada 10 años.
La importancia de una nueva generación de datos reales de cómo está compuesta la sociedad paraguaya luego de dos años de pandemia, hace que un estudio de este tipo sea prioritario para entender donde estamos y hacia donde vamos.
En 2012, el último censo llevado a cabo por la entonces Dirección Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censos, fue duramente criticado por la cuestionada metodología con la que se llevó a cabo, la baja rigurosidad de los resultados y la dilatación de los plazos en el procesamiento y presentación de los resultados. El Censo del 2012 no fue un estudio del cual fiarse, según manifestaron sus objetores, diez años atrás.
Pero, ¿cómo afecta esto en la toma de decisiones, en las investigaciones y en la aplicación de políticas públicas? Esto es lo que nos dijeron profesionales a los cuales consultamos.
Sin datos, no hay políticas públicas
“No priorizar los recursos para el Censo Nacional tiene un costo de oportunidad altísimo, que está vinculado a no contar con información actualizada para hacer política pública”, resaltó en primer momento la economista e investigadora social, Vivian Ocampos.
Recordó que los censos son la fuente primaria por excelencia de información estadística. Sin eso, no tenemos proyecciones de población –distribución por sexo, edad, región, departamento, etc.–, indicadores sociodemográficos mínimos –por ejemplo, salud, educación, trabajo), muestras para otras encuestas más específicas, entre otros–.
«¿Cómo vamos a priorizar, diseñar e implementar políticas si no sabemos mínimamente cuántos somos y dónde están los más vulnerables? Las desigualdades y brechas no se cierran por arte de magia: se necesita información», resaltó Ocampos.
Añadió que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INE), viene trabajando y preparándose para este momento. «Su trabajo es impecable, pero sin los recursos no podrán lograr esa movilización y logística», dijo.
Es decir, el diseño de políticas públicas en base a cifras desactualizadas o con baja rigurosidad científica, darán lugar a acciones poco eficaces y que no responderán verazmente a solucionar los problemas latentes.
Atención a grupos vulnerables
Por su parte, Teo Urbieta, activista por los derechos de las personas con discapacidad, también cuestionó la falta de prioridad que los legisladores le dieron al estudio de estos fondos para garantizar la ejecución de los trabajos de recopilación y procesamiento de datos.
«Si no se saben cuántas personas con discapacidad hay en el país, no se pueden ser asertivo en el diseño. Se deben conocer cuáles son las discapacidades, dónde están y qué necesitan», apuntó.
Actualmente, se estima que el 11% de la población paraguaya vive con algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de al menos 700.000 personas que deberán ser incluidas en las políticas del Estado que busquen acompañar y asegurar el cumplimiento de derechos básicos de esta comunidad.
Pero esa cifra data de hace 10 años, y claramente hoy no se tienen números actualizados que puedan dar cuenta de esta y otras numerosas realidades que afrontan los paraguayos.
Investigación y toma de decisiones
A su vez, el docente e investigador asociado al Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) de la Facultad Politécnica, Arturo González, recalcó que el censo es importante porque hace posible que se generen parámetros en base a los datos fundamentales que recoge en los ámbitos económico, social, ambiental y económico.
«A nosotros, como investigadores de la academia, poder recurrir a una fuente de datos fidedigna y de calidad, nos permite siempre mejorar el proceso de estudio para cualquier área, con datos cuyas fuentes podemos asegurar», expresó.
En ese punto, coincidió en que las complicaciones logísticas y económicas que se enfrentan al emprender un censo nacional, obliga a tener que hacerlo cada 10 años, por lo que se vuelve mandatorio tener que hacerlo bien.
«Yo te hablo desde el punto de vista académico, pero cuando hablamos de tomadores de decisiones, es decir, de una persona que está en función de gobierno que toma decisiones de políticas públicas, requiere de datos. Si nosotros no tenemos esa información, podemos tomar decisiones que no incidan en la realidad nacional y eso es peligroso», puntualizó.
No habrán datos reales de la pandemia
El director del Instituto Nacional de Estadísticas, Iván Ojeda, resaltó en comunicación con RadioCast25 que hoy se plantea un escenario de incertidumbre para el próximo censo nacional de población y vivienda, a pesar de tener un crédito reaprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Recordó que ya había una media sanción en la Cámara de Senadores, que la Cámara Baja tuvo que incluir en el orden del día para su tratamiento ya durante esta semana, pero no lo hizo, a pesar de tener dos dictámenes, recalcó.
Desde la institución señalan que si no tienen aprobado ese crédito para el cierre de este ejercicio 2021, es decir antes del 21 de diciembre próximo, difícilmente se puedan realizar los trabajos previos para la realización del censo y eso significa interrumpir por primera vez una racha histórica de 70 años de tradición.
«El censo tiene que ver con visibilizar garantías constitucionales, que tienen que ver con la vida de los habitantes, saber cómo están las mujeres, niños, adultos mayores, cómo ha sido el impacto que ha tenido la pandemia de la COVID-19, solamente con un censo vamos a saber», alertó.
Afirmó que estuvo en la comisión de Hacienda y comentó que conversó con el titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, a quien le manifestó la inquietud de la institución por la falta de tratamiento de este punto. A pesar de que Ojeda señaló que fueron bien recibidos por Alliana, reconoció que tampoco obtuvo algún compromiso de que se va a tratar antes del receso legislativo de este periodo.
