Para abordar este artículo sobre lo que está ocurriendo en San Bernardino, departamento de Cordillera, en primer lugar, vamos a recordar qué son las Áreas Silvestres Protegidas en Paraguay.
Según la ley vigente, un área silvestre protegida es todo territorio, con límites bien definidos, que tiene características naturales o seminaturales, que se somete a un manejo de sus recursos para lograr objetivos que garanticen la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales involucrados.
Además, la ley 352, señala en su artículo 11, que los departamentos y municipios, cuyos límites están dentro de un Área Silvestre Protegida –ya sean de dominio público o privado– deberán adecuar sus ordenanzas y demás disposiciones a esta ley.
San Bernardino, por tratarse de uno de los municipios que rodean al lago, incluye varias áreas silvestres consideradas protegidas, por la diversidad de fauna y flora que alberga y porque representan ecosistemas esenciales para el mantenimiento del lago como recurso hídrico.
¿Por qué es peligroso que estas áreas protegidas sean urbanizadas?
El titular de la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí y su Cuenca (Conalaypa), Renato Máas, reconoció en contacto con Latitud 25, que el municipio de San Bernardino modificó su plan de ordenamiento urbano territorial, es decir, amplió la zona urbana del municipio hacia la zona silvestre protegida, sin tener un declaración de impacto ambiental.
Enfatizó que el problema no está solamente en la violación de una normativa, sino en el daño y perjuicio que esto puede causar al ecosistema, en este momento, en un recurso como es el lago Ypacaraí, destacando la responsabilidad del municipio de San Bernardino en la conservación de la cuenca del lago.
Máas explicó que San Bernardino tiene una geografía bastante particular con grandes pendientes, y remarcó lo que implicaría la desaparición de la masa boscosa que rodea la cuenca del lago.
«Lo que hace la superficie boscosa, que es muy amplia en San Bernardino, es que todos esos bosques, esas plantas, hacen de una barrera protectora para que los sedimentos y la arena, con cada lluvia no termine en el agua. Entonces, si nosotros perdemos eso corremos el riesgo de que el lago se colmate y se seque, si es que el fondo del lago, sigue aumentando como se fue dando en los últimos años», especificó.
Disposición legal no se cumple
Al respecto, habló en comunicación con RadioCast25 el director general de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MADES), Rafael Sosa, quien resaltó que cada municipio debería tener su plan de ordenamiento territorial y ambiental, lo cual es un compromiso del ciudadano con la autoridad de aplicación, es decir, el MADES.
Aseguró que eso no se cumple, lo que también conlleva a un crecimiento desordenado del área, teniendo en cuenta la condición de Área Silvestre Protegida por formar parte de la cuenca del Lago Ypacaraí.
Explicó que las áreas de este territorio definido están distribuidas, por ejemplo, por zonas de descargas, es decir, de causes hídricos que van y desembocan en el lago. Hay zonas que son de bosques –donde existen restricciones– y prácticamente no se puede hacer nada en esos límites.
También refirió que está la zona urbana, donde no habría mayor problema en cuanto a la conservación, después finalmente, está la zona mixta, que tiene ciertas restricciones, pero se permiten también algunas actividades.
En ese punto, aseveró que el problema se genera cuando el MADES no tiene esa información por parte de los municipios, de dónde van a crecer y desarrollarse.
Acotó que necesitan que las autoridades de la ciudad remitan los proyectos que aprueban, lo que no quiere decir que esté ratificado por el ministerio, porque para que se dé esto último, tiene que pasar por una evaluación de impacto ambiental.
«Es ahí donde nosotros nos encontramos con problemas, realmente hay inversionistas o grupo de inversiones que están desarrollando loteamientos específicamente y se están encontrando con la sorpresa de que no está permitida esa actividad después de que ya hicieron las intervenciones», contó.
¿Y las sanciones?
El director de Biodiversidad, Rafael Sosa, confirmó además que el MADES está realizando las intervenciones y que ya abrió un sumario administrativo. Agregó que el Ministerio Público ya está al tanto de la situación y que incluso el fiscal Jalil Rachid, ya pidió informes al municipio.
Sosa expresó preocupación por la compleja situación y remarcó que es bastante preocupante. No obstante, reconoció que hay proyectos en la ciudad veraniega que cuentan con licencia ambiental, ya que no está todo restringido. «Lo que está prohibido es hacer en una zona donde no corresponde», concluyó.
