La Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional de Asunción, es conocida popularmente como «una seccional colorada» más. Desde hace años, entre los pasillos y en las redes, miles de estudiantes y educadores hablan del dominio de la ANR en esa casa de estudios y hasta destacan el actuar de conocidos dirigentes estudiantiles fuertemente ligados a movimientos colorados.
El pasado 19 de agosto el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho resolvió desvincular sin justificación a un total de 69 docentes de la institución, varios de ellos con antigüedad. Posteriormente, alumnos de la filiales de Coronel Oviedo, Caacupé y Pedro Juan Caballero, decidieron realizar protestas e ir a paro indefinido.
Los docentes pidieron la reconsideración de sus despidos, sin embargo, los reemplazantes de los mismos ya se encuentran impartiendo clases en las aulas.
Un problema de larga data
Respecto a esta controversia, la diputada del Partido Patria Querida, Rocío Vallejo, habló en contacto con RadioCast25, quien recordó que estos problemas en la Facultad de Derecho UNA no son nuevos, pero remarcó que lo sucedido ya es escandaloso.
«Se comunicaron conmigo docentes que fueron despedidos sin ningún tipo de justificativo, sencillamente después de años de servicio son desvinculados, docentes que renunciaron por el maltrato, por temas de corrupción, cómo se maneja esa rosca y cómo eso incide en puestos. Si vos le apoyaste a fulano de tal en tal cosa, cuando ese grupo llega a lugares de decisión estás en la lista correcta y si no estás en la lista correcta te trancan absolutamente todo, esto es perverso a estas alturas», refirió.
Vallejo dijo no tener dudas de que estos despidos se dieron para nombrar a personas del círculo político afín a quienes tomaron esta decisión.
«Me parece una falta de respeto y es el inicio en la facultad de derecho, de profesionales de la Justicia, porque sigue siendo el semillero más importante de los profesionales de derecho del país», puntualizó.
«Es una vergüenza que hay que terminar»
La legisladora dijo además que va a pedir informes desde el Congreso sobre esta situación, sin importar las consecuencias. «No me importa que después me digan que ya no me van a votar si quiero entrar al Consejo de la Magistratura», expresó.
En ese contexto, sostuvo que en esa Facultad hay personas que cobran todos los meses en una categoría de docentes y no se van hace años a enseñar.
«¿Por qué el pueblo paraguayo tiene que pagarle a un docentes que no se van a enseñar? Tienen un titular, un adjunto y al final es el pasante el que va a dar clases, eso se tiene que acabar, se tiene que optimizar ese dinero y pagarle a buenos profesores, que formen a los estudiantes, porque cada vez la educación es peor, hay alumnos que me dicen que ahora les da vergüenza decir que son estudiantes de la UNA», aseveró.
Asimismo dijo que esta situación es «una vergüenza que hay que terminar», agregó que hay una mayoría en el Consejo Directivo que decide y apuntó a que son los alumnos que se tienen que plantar para mantener la institucionalidad.
«Los docentes están siendo totalmente dejados de lado por cuestiones políticas, y eso se traslada a la Justicia que está en crisis, a jueces, fiscales y defensores que responden a esta clase. No todos, pero son muchos (…) Es el semillero del problema que luego se traslada al Consejo de la Magistratura y luego llega a la Justicia con jueces y fiscales respondiendo a esos esquemas», concluyó.
También, durante sus declaraciones ante el plenario de la Cámara Baja, dijo que es urgente la intervención de la referida casa de estudios.
Por su parte, la actual decana de Derecho UNA, Myriam Peña, dijo en una entrevista con ABC Color, que votó en contra de esta desvinculación de estos educadores, en consideración a que los 69, tenían entre 5 a 15 años de experiencia en la enseñanza de derecho.
Aseguró que esto se trató de una «movida política», en atención a que actualmente ella se está candidadatando para el Consejo de la Magistratura. Además afirmó que no va a renunciar ni a su candidatura, ni al decanato.
La Justicia sin independencia política
A pesar de la necesidad reinante en el país de un sistema judicial justo y organismos de investigación objetivos, son muchos los casos en los que existen fuertes sospechas de fuertes injerencias por parte del Partido Colorado.
Justamente, el miércoles 31 de agosto, la Cámara de Diputados intentará por cuarta vez iniciar un juicio político contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por mal desempeño de funciones y sus vínculos con el cartismo.
