Paraguay está a meses de elegir a las autoridades que lo gobernarán por cinco años, en unas elecciones trascendentales para el futuro del país, debido a los enormes desafíos que se presentan en materia social, educativa o económica.
A pesar del poco tiempo que queda para los comicios, hay algunos aspectos imprescindibles del proceso de los que poco se habla. La incidencia de las redes sociales en el comportamiento del elector y la falta de regulación que existe en cuanto a su uso, es uno de ellos.
En la agenda electoral de partidos o candidatos, no se encuentra el debate sobre el control de la propaganda política en redes sociales, por la conveniencia que esta situación genera ante las regulaciones que sí existen en el «mundo real».
Parece algo tan sencillo y poco trascendente, pero lo cierto, es que más que nunca estas plataformas de internet pueden jugar un papel significativo y hasta, poner en peligro a la débil democracia existente.
Según la investigación «La propaganda en redes sociales existe» de la organización Tedic, «el 47,4% de los electores se informaron de la incorporación del proceso de votación con máquinas electrónicas por medio de redes sociales».
Además a punta a que, en Paraguay, el 81,9% de la población señaló a las redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) como la finalidad del uso de Internet, según datos del Instituto Nacional de Estadística (2021).
Los aspectos a considerar ahora, de cara a las elecciones internas de diciembre próximo y las generales de 2023, son tres. La falta de cumplimiento de la veda electoral o el tiempo en que está prohibido hacer publicaciones instando al voto; el gasto en las redes sociales en el que puede ser utilizado el dinero sucio, además de la inexistencia de un método para contrarrestar las fake news o mensajes de odio.
Actualmente, toda propaganda política está regulada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), pero la trampa radica en que esto contempla solamente a los medios tradicionales de comunicación, la cartelería en las calles, o cualquier otro elemento alusivo a un candidato en el día de la votación. Sin embargo, con la aparición de las redes, el TSJE no tiene estipulado hacer el mismo control.
Responsabilidad proactiva del TSJE
Al respecto, Latitud25 consultó al abogado y analista político, Leo Gómez Berniga, quien consideró que es pertinente y urgente abordar este tema, antes de los comicios.
Cabe recordar que la ley electoral prevé anuncios reservados en los medios de comunicación. Cualquier candidato tiene, aunque sea un espacio para promocionar su candidatura. Además los medios deben tener un mismo precio para todos y hay una fecha límite para publicar estas propagandas.
«Hay dos cuestiones, primero que cuando se habla de propaganda electoral, hay dos caminos, la auto regulación o la regulación por medio de normativas estatales. Primero, que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) explique y señale cuáles van a ser las medidas que se tomarán en las próximas elecciones en materia de control», indicó.
Manifestó que, actualmente, hablar de tener una regulación para que se pueda prever la problemática es dilatar la conversación. «Tiene que haber una responsabilidad proactiva del TSJE de convocar a: medios de comunicación, representantes de la sociedad civil y a las mismas plataformas», expresó.
Todas estas plataformas se tienen que sentar con el TSJE a prever un marco de regulación, que permita transparentar el gasto en redes sociales; transparentar los anuncios y políticas que puedan frenar acciones malintencionadas dentro de las redes sociales.
«Entonces el hecho de que haya una desregulación en un proceso electoral, afecta la libre competencia», subrayó.
Comentó que hay buenos ejemplos internacionales, como el caso del Brasil y su Supremo Tribunal Electoral, que se anticipa a este escenario y ya plantea al menos la discusión sobre qué medidas se pueden tomar para controlar el gasto en redes.
La desinformación amenaza la democracia
La otra cuestión, tampoco regulada ni discutida hasta el momento, es que la desinformación es una terrible amenazas a la consolidación democrática, señaló Gómez Berniga.
«Vimos eso en las elecciones en Brasil, en Colombia, en Argentina y en todo el mundo», recordó.
Sobre todo, agregó, en momentos electorales y –más aún cuando estamos hablando de plataformas que no tienen ningún marco de regulación–, es importante cuestionar y mantenerse alerta ante presuntos distorsiones de la realidad provocadas por intereses políticos.
Insistió en que es más necesario aún poner el tema en la agenda, cuando vemos que las autoridades electorales están siendo sobrepasadas por esta situación sin tomar medidas a tiempo en ese momento.
El dinero sucio que ingresa sin control
Otra de las aristas cuestionables, es de dónde proviene el dinero que se invierte, no sólo en las campañas analógicas o tradicionales, sino también en las campañas digitales.
«Uno puede empezar la campaña, si tiene los recursos y muchas veces entra dinero sucio entra a la política, se lava y mete en un un contexto de campaña, sin ningún peso de la justicia electoral y sin ningún peso de ningún órgano estatal», manifestó el especialista.
«Entonces genera una desigualdad entre candidatos y candidatas mujeres, peor si son candidatas, porque está demostrado que la propaganda en redes sociales es más costosa en mujeres», agregó.
Esto genera una competencia desigual con los propios medios masivos de comunicación, porque los medios tradicionales están legislados.
«No es que solo los políticos meten su plata en las redes por el público objetivo, sino también porque es un espacio donde se sostiene la impunidad porque no hay ningún tipo de regulación», resaltó.
¿Qué pasa con la ley de financiamiento político?
Cabe recordar que a inicios de 2020, justamente se promulgó la Ley N° 6501, con el objetivo de ejercer mayor control de dónde sale el dinero destinado a las campañas electorales. En esta legislación, en el artículo 7, apartado E, se contempla el pautaje en redes sociales como un gasto corriente y no como propaganda electoral.
«Pone esto como un servicio de telecomunicación, no como un espacio que esté regulado como propaganda, eso hace que no contemple ningún tipo de plazos o regulación de vedas. Si bien lo contemplan y lo rinden, damos cuenta de que no está desagregado. Nosotros no podemos tener un detalle de qué se gastó en pautaje en redes sociales. Porque no se utiliza esa categorización que hay en la ley» afirmó.
Acotó que esto no está regulado como propaganda electoral y que no es un gasto cualquiera. Resaltó que la difusión, a través de estas plataformas, afecta directamente en la capacidad de las personas de conocer a su candidato o candidata; de generar un voto informado y de garantizar igualdad de condiciones.
Dijo que, en el mundo, es un tema de preocupación y Paraguay no es la excepción. Consideró además que el país debe hacer una apuesta para que ese instrumento sea realmente un instrumento de control. «Necesitamos definir algunos lineamientos para establecer información transparente», remarcó.
Un tema del que se DEBE hablar
Si bien, ya falta poco para las elecciones, Leo Gómez consideró que esta conversación se tiene que dar.
Reiteró que es preocupante que no exista ninguna regulación, que no se estén considerando las amenazas a la libertad. No obstante, insistió en que esta es una conversación que debe empezar en el Estado paraguayo.
«Esto que estamos hablando no es algo tirado de los pelos, es algo que existe y de lo que no se puede dejar de hablar. Nosotros estamos abiertos a que esa conversación se dé, pero la iniciativa tiene que venir de la autoridad electoral. Es un factor clave en las elecciones que hay en el mundo, las redes sociales son una realidad, que ya están acá», concluyó.
