Las resoluciones que se van dando en el Congreso Nacional nunca están aseguradas, dada a las especulaciones políticas, los acuerdos de último momento o incluso a los ajustados números para acompañar ciertas medidas.
Por ejemplo, en la Cámara de Diputados hay una gran mayoría cartista, que si logra aliados ya sea de otros sectores de la ANR o de la oposición puede archivar o aprobar los proyectos de ley según sus intereses.
Horacio Cartes, tras abandonar la presidencia de la República en 2018 logró construir un aparato de poder político por fuera del poder oficial, a través de la incondicionalidad de los integrantes de su movimiento o afines en distintas instancias de poder como el Ministerio Público, o cuerpos colegiados como el Congreso Nacional, cuya mayoría en cámara baja representa una garantía plena para evitar o eludir la aprobación de normativas que comprometan sus negocios.
Titularidad en el Congreso
El movimiento de HC, empezó a perder poder en el Parlamento, primero, cuando con la reelección del oficialista Óscar -Cachito- Salomón, como titular del Senado. Pero el golpe se asestó luego que fuera electo presidente de Diputados, Carlos María López (PLRA), desplazando al cartista Pedro Alliana, quien buscaba otro periodo al frente de la Cámara Baja y quien representaba una tranquilidad para los intereses del ex presidente Cartes.
Incluso en ese momento, tanto Alliana como otros integrantes de su movimiento, dijeron que la elección fue ilegal y que supuestamente existió una violación del reglamento interno de la cámara.
Alliana fue quien convocó a una sesión extraordinaria para elegir a las autoridades de Diputados, sin embargo, al notar que no reunía los votos, desconvocó la sesión. La oposición al lograr cuórum, aproximadamente 30 minutos después, realizó la sesión y eligió a López, lo que según Alliana no correspondía, a pesar de que es una práctica frecuente en la Congreso.
La pérdida de la titularidad de Diputados, significó una derrota clave para Cartes, ya que la principal garantía para asegurar la protección de los intereses del ex presidente, ya quedaba fuera de juego. Prueba de ello, son las aprobaciones que vendrían semanas después, que fueron postergadas en reiteradas ocasiones por la influencia de Alliana al frente de la cámara.
Trazabilidad del comercio ilícito del Tabaco
El Protocolo de Eliminación del Comercio Ilícito del Tabaco, es un convenio marco de la Organización Mundial de la Salud que fue firmado por Paraguay en 2012 y enviado al Senado en 2018.
Este documento, no solo busca acabar con el contrabando del tabaco sino también ayudar a la salud pública a disminuir enfermedades respiratorias.
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Desde el Ministerio de Salud la doctora Zunilda Palacios, directora del Programa Nacional de Control de Tabaquismo y Enfermedades Respiratorias Crónicas, había dicho en comunicación con RadioCast25 que para las autoridades sanitarias este protocolo es importante, de cara a controlar la cantidad de enfermos producidos por el tabaquismo.
Sin embargo, José Ortiz, titular de la Unión de Tabacaleras del Paraguay y gerente de Tabacalera del Este (Tabesa), propiedad de Horacio Cartes, había demostrado su oposición a este convenio, remitiendo una carta al Senado, en la cual afirma que supuestamente su aprobación, aumentará el contrabando y solo añadiría más costos a quienes trabajan de manera lícita en el comercio del tabaco.
Asimismo, los legisladores de HC generaron una sostenida oposición y lograron postergar en varias ocasiones el tratamiento de este proyecto. Parlamentarios como el senador Sergio Godoy y el diputado Justo Zacarías Irún presentaron oposición, diciendo que esto afectaría a la industria nacional y que la OMS solo salió a favor de las tabacaleras multinacionales.
Finalmente, el pasado 7 de julio, la Cámara de Diputados sancionó el protocolo, solo por una diferencia de tres votos, que hoy fue promulgado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
TSJE le dijo sí a la Concertación, no a HC
La Concertación Nacional, integrada por varios movimientos de la oposición, decidió utilizar el padrón nacional para que todos los inscriptos puedan votar en sus internas, de cara a las elecciones presidenciales de 2023. Al enterarse de esa intención, el movimiento Honor Colorado expresó su posición en contra a través de un comunicado.
«Honor Colorado rechaza en forma vehemente la utilización del Registro Cívico como padrón para las elecciones internas de la Concertación, permitiendo esta situación a personas afiliadas al Partido Colorado, como así también personas inhábiles constitucionalmente para votar en internas, como militares, policías en servicio activo, magistrados, fiscales, entre otros, participen de las elecciones dentro de la Concertación», señala un fragmento.
En ese contexto, el 10 de julio, la Concertación Nacional fue habilitada a utilizar el padrón nacional, incluyendo a afiliados colorados, tras un fallo a favor del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Los nuevos ministros Jorge Bogarín y César Rosell dieron el sí a la Concertación, con el argumento de que los partidos no son propietarios del voto de sus afiliados. El único voto en disidencia fue el del colorado Jaime Bestard. El movimiento Honor Colorado anunció que recurriría a la Corte, pero finalmente desistió.
La utilización del padrón nacional abre una posibilidad para que miles de afiliados colorados voten en las internas de la oposición, generando dos efectos, la sustracción de votos colorados en las internas de la ANR, ya que quienes voten en la Concertación no podrán votar en las internas coloradas; y además, la oportunidad para que las internas coloradas también sean abiertas, para competir en igualdad de condiciones, algo que debe ser definido por convención.
Tabacaleras y clubes como sujetos obligados
La más reciente derrota del cartismo en el Congreso, ya homologada por el Poder Ejecutivo, es la sanción de la ley que incluye a las industrias tabacaleras entre los sujetos obligados de control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Tras siete años de puja en el parlamento, impulsada por legisladores de la oposición, entre ellos Edgar Acosta (PLRA). Luego de que se haya archivado y modificado de manera sucesiva, con maniobras de Honor Colorado, este 23 de julio, el Congreso sancionó el proyecto de ley, presentada esta última vez desde el Senado.
En esta ocasión, también hubo bastante resistencia tanto de las tabacaleras como del grupo cartista. Entre otras cosas, dijeron que esto afectaría incluso a las despensas de barrio, pero no explicaron porqué.
Este viernes, desde Presidencia, comunicaron que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ya promulgó esta ley.
Son tres pulseadas que ganó la oposición junto con el oficialismo colorado, que podrían indicar cierta unidad para hacer frente al movimiento de Horacio Cartes.
