La Embajada de los Estados Unidos en Paraguay convocó a últimas horas del jueves 21 de julio, a una conferencia de prensa de manera imprevista, para este viernes a tempranas horas de la mañana. Desde ese momento, y a pesar del hermetismo con el que se manejó la información, varios medios y actores políticos empezaron a especular sobre cuál sería la tan esperada noticia.
Poco después de las nueve, el embajador de ese país, Marc Ostfield, tomó el micrófono y comenzó a relatar la determinación a la que llegó el Departamento de Estado, en base a investigaciones realizadas por los organismos de seguridad de su país. La información generó un gran impacto y confirmó lo que muchos especulaban, el expresidente y actual líder de Honor Colorado, Horacio Manuel Cartes Jara, fue designado como significativamente corrupto por el país norteamericano.
No sólo llamó la atención la decisión de los Estados Unidos, sino que además el detalle de las acusaciones que se le asignaban al empresario tabacalero, al asegurar que existen evidencias que vinculan a Horacio Cartes a redes de organizaciones terroristas y que incluso habría obstruido en el trabajo de la justicia, en pleno ejercicio de la presidencia de la República.
«Durante su mandato, Horacio Cartes utilizó la Presidencia del Paraguay para obstruir una investigación de crimen transnacional que involucraba a su socio. La obstrucción de Cartes fue diseñada para mitigar el riesgo político y legal para sí mismo. Esto le permitió a Horacio Cartes seguir participando en actividades corruptas, incluyendo sus lazos con organizaciones terroristas y otras entidades sancionadas por los EE. UU», refirió el embajador estadounidense en Paraguay, Marc Ostfield.
Esto significa que EE.UU. le niega el acceso a territorio estadounidense y todas las documentaciones legales, de manera indefinida tanto a HC, como a sus hijos: Juan Pablo Cartes Montaña, Sofia Cartes Montaña y María Sol Cartes Montaña.
Minutos después de la revelación, se pronunció oficialmente vía Twitter el Secretario de Estado de los EE.UU, Antony Blinken, quien destacó que todos estos hechos cuestionados a Cartes, los habría cometido durante el ejercicio de la presidencia.
«No es una cuestión política»
Ante la duda de por qué se hizo pública esta información ahora, en puertas de las internas partidarias, desde la Embajada de Estados Unidos señalaron que el Departamento de Estado obtuvo recientemente información fidedigna sobre la participación de Cartes en actos de corrupción significativos mientras se desempeñaba como Presidente de Paraguay.
Además aseguraron que esta determinación no responde a intereses políticos locales, sino a rigurosas investigaciones transnacionales que dispararon las advertencias en relación a los movimientos del ex mandatario.
Si bien, los funcionarios del país norteamericano no dieron detalles de quién es el socio al que habría encubierto o cuál fue su participación, cabe recordar que Darío Messer, conocido como el ‘hermano del alma’ de Cartes, dijo en su declaración en Brasil (en agosto de 2020), que Cartes –cuando era aun presidente de la República– le había pedido que no se entregara durante su mandato.
Messer, quien incluso reconoció en su comparecencia ante la justicia de Brasil que recibió USD 500.000 de Horacio Cartes estando prófugo, fue condenado en el vecino país en junio de este año a 13 años de prisión por lavado de dinero.
«Esto no tiene ningún impacto»
El precandidato a presidente por Honor Colorado, Santiago Peña, habló en conferencia de prensa esta mañana luego del anuncio de Estados Unidos, junto a su compañero de chapa y titular de la ANR, Pedro Alliana.
Peña aprovechó para defender a Cartes una vez más y aseguró que esta declaración de EE.UU. no sólo es infundada, sino que además no tiene ninguna implicancia política ni reputacional en su carrera electoral.
«El expresidente Horacio Cartes ha sido atacado durante los últimos cuatro años (…) Seguiremos luchando con la verdad, con la justicia, estaremos siempre a disposición, lo que queremos es que el electorado colorado tenga el acceso a la información. Acá tenemos que permitir que los paraguayos, en particular los colorados puedan decidir el 18 de diciembre», manifestó.
Agregó que no está de acuerdo con la decisión de Estados Unidos y dijo que no hay ninguna acusación contra el líder de HC, sin embargo, eludió responder algunas preguntas de tinte penal o jurídico, apuntando a que de eso se encargaría el asesor jurídico de Cartes.
Además se contradijo respecto a lo que esto podría significar para el ex mandatario nacional y sobre todo como cabeza del movimiento que postula a la chapa Peña-Alliana.
«Esto no tiene ningún impacto, algún impacto tendrá… Nos va a tocar a nosotros a salir a dar la cara», indicó.
Asimismo también reconoció que este va a ser el tema de los próximos días y de las próximas semanas, pero aseguró que los colorados elegirán a su movimiento en las internas partidarias.
Acusación política, no judicial
Por su parte, el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, también dio una conferencia de prensa –a través de uno de los medios cartistas, GEN– para señalar que esta decisión de Estados Unidos no afecta ni a las empresas ni a los bienes del grupo Cartes.
«El Departamento de Estado hace una interpretación política (…) La información sobre la cual se basan ellos (EEUU) para llegar a esa conclusión es una información insuficiente y sesgada», consideró.
La balanza se inclina en contra de Sandra Quiñónez
RadioCast25 conversó con varios referentes de la oposición sobre lo que puede generar esta declaración para Horacio Cartes, por parte de la Embajada de Estados Unidos.
A esta consulta, varios referentes de diversos partidos de la Concertación Nacional, coincidieron en que la Fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez, debe ser echada de su puesto por la falta de investigación y resultados de las pesquisas en relación a los supuestos vínculos de Cartes con el crimen organizado.
El precandidato a la Presidencia y titular del Partido Liberal, Efraín Alegre, dijo que lamentablemente con la llegada al poder de Horacio Cartes, lo que constituía un problema de un lugar del territorio (hablando de la supremacía del crimen organizado), pasó a convertirse en un problema nacional.
«Se encargó de proteger, obstruir la información y, lo que todavía es mucho peor, ha consolidado y extendido el crimen organizado al territorio nacional. La fiscala general del Estado no debería estar un minuto más, debería estar renunciando y si no renuncia, el Congreso debería estar destituyéndola de forma inmediata», resaltó.
«El mundo sabe quién es Horacio Cartes, de todos los crímenes y todas las responsabilidades en Paraguay, menos la Fiscalía. El Ministerio Público forma parte de este equipo, no puede ser que el crimen organizado maneje la Fiscalía», cuestionó.
La justicia en Paraguay, viene de afuera
Por su parte, el presidente del Partido Febrerista y coordinación de la Concertación Nacional, Guillermo Ferreiro, festejó esta designación y dijo que la justicia viene, aunque sea de afuera.
«Significa que mucho de lo que veníamos diciendo era cierto y significa que en Paraguay no tenemos institucionalidad. Debería haber denuncias masivas en este momento. Tuvimos un Presidente significativamente corrupto. Esto es gravísimo y además demuestra, si en este momento, Sandra Quiñónez no presentó su renuncia, es una terrorista más», refirió.
Con respecto al precandidato a presidencia Santiago Peña dijo que tiene que desaparecer de la escena política.
«¿Qué va a decirnos ahora? Pero no es solamente Peña, ojo, a Cartes lo hizo presidente la ANR, y Cartes salvó a este gobierno (de Mario Abdo Benítez) dos veces y este gobierno sostuvo a la fiscal general del Estado», enfatizó.
Nuevo pedido de juicio político
La precandidata a la presidencia, integrante de la Concertación, Soledad Núñez, dijo en RadioCast25 que es el momento de exigir un correcto funcionamiento de de las instituciones.
«A mí me hubiese encantado que esta declaración provenga de nuestra Justicia, de la Fiscalía, no que tenga que ser de un país extranjero. Pero tenemos que entender que nosotros no podemos seguir por la senda de la impunidad y de corrupción en nuestro país», admitió.
Finalmente, la legisladora Celeste Amarilla hizo énfasis en que la oposición ya denunció en varias ocasiones el actuar de Horacio Cartes.
«Nos ha tocado bastantes malos ratos, bastantes injurias, acciones infundadas, suspensiones. En el caso de Efraín hasta le mandaron preso, ahora se ve que Estados Unidos coincide con nosotros y nos da la posibilidad de demostrar que no es una cuestión política», subrayó.
En cuanto a la situación de Sandra Quiñónez, comentó que ya el miércoles pasado dijo a sus colegas del Congreso, que debían iniciar un juicio político por los 97 funcionarios colorados de la Fiscalía que se candidataron a cargos electivos por el Partido Colorado.
«Nosotros seguramente vamos a pedir de vuelta, que va a ser la tercera o la cuarta y dependemos de los votos, seguro que de los de Añetete y de los llanocartistas vamos a depender, de que ellos por una vez en su vida se jueguen por el país», concluyó.
El Ministerio Público se pronunció
Luego de que varios referentes políticos hayan hablado de un nuevo juicio político contra la máxima autoridad de la Fiscalía, la cuenta oficial de esta institución encargada de investigar delitos y crímenes en Paraguay, emitió un comunicado en horas de la siesta.
Señala que «en este momento se hallan abiertas varias causas en donde se investiga la eventual participación del Señor Cartes en distintos hechos que podrían tener relevancia penal».
Sin embargo, cabe resaltar que no solo ya pasaron cuatro años del término de la presidencia de Horacio Cartes, sino que hay varios casos que datan de esos años, y de los que no se volvió a conocer ningún avance, cuando sí ya hay condenados y acusados por participar en manifestaciones, por la quema del Congreso y el incendio en la sede de la ANR.
Asimismo, en la Cámara de Diputados fue presentada una nota en la que solicitan, al titular de la Cámara Baja, Carlos María López, que convoque a una sesión extraordinaria, este martes 26 de julio, a las 09:00, con el objetivo de que se trate el libelo acusatorio contra la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, en el marco de un nuevo juicio político impulsado por varios legisladores.
