La propuesta fue presentada en la Cámara de Senadores, el 24 de agosto último. El objetivo de este proyecto de ley es modificar el artículo 142 del Código Penal, para modificar la naturaleza del hecho punible de invasión de tierras y elevarlo de delito a crimen, de modo a incrementar la expectativa de privación de libertad por este hecho, de dos a seis años.
El proyecto fue firmado por siete legisladores, en su mayoría del Partido Patria Querida y otros de la ANR y el PLRA. Si bien existe un grupo de ganaderos y productores, así como comunidades indígenas que apoyan esta iniciativa, también hay grupos de campesinos y nativos que piden su rechazo.
Al respecto, RadioCast25 conversó con la senadora de PPQ y una de los impulsores de la ley, Georgia -Nani- Arrúa, para entender los argumentos que motivaron esta normativa, considerando el importante repudio que generó en colectivos populares, atendiendo la denuncia de criminalización de la lucha campesina y la persecución a colectivos sociales organizados.
El argumento del proyecto
La proyectista afirmó que «hay organizaciones criminales que se dedican a buscar a la gente más vulnerable», bajo la promesa de conseguir la expropiación y titulación de las tierras».
Según la legisladora, en Ciudad del Este hay 126 asentamientos. Señala que varios de los dirigentes que impulsan estas invasiones son una «gavilla organizada» que se aprovecha de la necesidad de miles de campesinos.
«Esa gente no es que un día decidió entrar y ocupar; a esa gente se le organizó, se le dice y utiliza como un medio para adquirir la propiedad. Nuestra Constitución garantiza la libertad de las personas, pero prohíbe la justicia por mano propia. Esto no es un grupo de personas que porque no tiene casa va a buscar un terrenito, es una gavilla organizada», enfatizó.
Comentó que la pena actual por invasión de la propiedad es de dos años y lo que los proyectistas buscan es que se eleve a seis para que sea crimen y con agravantes que vayan incluso a 10 años de prisión. «Eso hace que se agrave la situación de quién invade», añadió.
Al ser abordada sobre la necesidad de abordar el problema de fondo de la invasión en Paraguay y que esta medida no sería efectiva para erradicar el eterno problema de la inequidad de oportunidades en el acceso a tierras, respondió que no es ajena a ese escenario.
«Yo veo esa parte de la película, pero el artículo de la Constitución te prohíbe hacer justicia por mano propia. No le voy a defender jamás a los terratenientes que tienen tierras que no son suyas, pero hay medios legales para reclamar», expresó.
«Para nosotros ellos son los invasores»
La Conamuri, Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas entre otras nucleaciones campesinas, emitió un comunicado pidiendo el rechazo total del proyecto de ley, solicitando de manera urgente una reforma agraria y recordando que hay 8 millones de hectáreas de tierras que fueron invadidas y usurpadas durante la dictadura de Alfredo Stroessner.
Al respecto de esto, Alicia Amarilla vocera de CONAMURI, en contacto con RadioCast25, aseguró que el debate de las 8 millones de tierras cedidas irregularmente, no es discutido ni asumido por quienes impulsan esta normativa porque no les conviene entrar en ese terreno.
«Lo que más nos preocupa de esta situación de blanqueamiento de la tierra mal habida en nuestro país, después, por otro lado, cómo criminalizan la lucha por la recuperación del territorio, porque para nosotros los invasores son ellos, los que usurpan, los que ocupan las tierras, nos castigan, nos quitan todo lo que tenemos y presentan este proyecto de ley para condenar a la gente que lucha por un pedazo de tierra», puntualizó.
Consideró que este texto elevado por los senadores es una vergüenza y solicitó que por lo menos consideren las ideas que presentaron desde las comunidades campesinas.
«Para nosotros la política pública que necesitamos es la reforma agraria porque nosotros como campesinas, paraguayas y paraguayos dependemos de la tierra para trabajar y alimentarnos, mientras eso no se distribuya, va a haber inconvenientes porque el problema fundamental en Paraguay es que la tierra está en manos de unos pocos», remarcó.
Un placebo social sin sentido
El abogado Guillermo Ferreiro, dijo a RadioCast25, que desde el punto de vista estrictamente penal y de política criminal esto es un placebo social, «es decirle a la gente que tome una pastillita azul y que todo va a estar bien, aunque la enfermedad va a seguir haciendo lo mismo», ejemplificó.
En ese punto, señaló que siempre estuvo penado por ley la invasión de un inmueble ajeno, no obstante, hizo hincapié en que el problema está en que no se apliquen las sanciones establecidas como corresponden.
«En los años de la vida social hay gente que se sale de la normativa básica de convivencia y eso genera malestar social. Ante la falta de reacción de las autoridades de sancionar e investigar esos hechos punibles siempre surge esa pastillita de azúcar para decir, vamos a aumentar la pena. Si mirás para atrás eso ocurre con todo (…) entonces si eso siempre fue la solución, tomemos todos los delitos y pongamos penas máximas y eso no funciona así», explicó.
Siguiendo esa línea, recalcó que existe una sensación de impunidad, porque existe un marco de impunidad vigente, ya que el Estado no invierte en tecnología para aplicar la pena que ya está.
Refirió que desde el punto de vista del derecho penal todo eso ya constituye delito pero las penas que ya están vigentes, de dos años, no se cumplen debidamente.
«La asociación criminal, la invasión de inmuebles ajeno, eso ya existe, entonces hay que aplicar la normativa que ya hay en base a criterios científicos. Nuestra normativa permite sumar penas, pero la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia no hacen eso… Un denuncia por invasión de inmueble ajeno no se mueve, yo he denunciado invasión de inmueble ajeno en Guarambaré, y se cajoneó, ¿de qué me sirve si se aumenta la pena si está cajoneado?», cuestionó.
Incluso afirmó que el aumento de pena como medida aislada para frenar la criminalidad en derecho penal equivale al terraplanismo. Apuntó a que este proyecto de ley es más bien demagogia y populismo.
«Saquemos la impunidad y después analicemos la ley. Si a vos te parece poco dos años, primero cumplílos, y si te das cuenta de que la pena no es suficiente, después subís. Si nunca le sancionás a nadie y aumentás la pena, es ridículo», concluyó.
El proyecto de ley estaba en el orden del día de la sesión de la Cámara de Senadores del pasado 2 de setiembre y fue postergado por ocho días, hasta el 9 de setiembre para su tratamiento.
