Si tenés cinco minutos de tiempo, te invitamos a abordar esta problemática desde una perspectiva distinta pero no aislada sobre los casos de feminicidio. Desde ayer domingo 27 de agosto, otra mujer más forma parte de la lista de víctimas de feminicidio en manos de su ex pareja.
Hablamos de un joven que ya dio señales de su conducta criminal en el pasado, pero los mecanismos de prevención y contención no funcionaron para evitar esta tragedia.
El presunto autor de la muerte de Katia es Osvaldo Zaracho, de 21 años de edad, su expareja. La esperó que vuelva de una fiesta a las 6:00 AM para atropellarla y arrollarla varias veces. ¿Saña?, sí, la hubo, aunque la ley deba comprobarlo mediante sus procesos jurídicos.
El gobierno, tras una reunión de ministros, salió al paso y dio aviso del estudio de protocolo de violencia contra las mujeres y la implementación de las tobilleras electrónicas para personas con prisión domiciliaria.
Zaracho, tenía esta medida preventiva, luego de ser denunciado por Katia por supuesta violencia familiar. Violó repetidamente las restricciones y tuvo la libertad suficiente para volver a agredir a su víctima, hasta terminar con su vida. Los órganos de resguardo se declararon incompetentes para controlar a todas las personas bajo esta medida.
A raíz de los hechos ocurridos, la Ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, anunció ante la prensa que se activó una mesa interinstitucional para abordar el caso. “El protocolo de violencia contra las mujeres será objeto de estudios”, expresó.
Su colega, el Ministro del Interior, Enrique Riera manifestó a su turno: “En 48 horas vamos a hacer otra reunión a los efectos de implementar el uso de las tobilleras electrónicas que como saben la ley tienen 5 años de vigencia pero por disputas institucionales injustificadas, no se ponían de acuerdo, quien las iba a implementar”.
Y luego agregó: En esa reunión se va a presentar el borrador de la reglamentación y la tecnología con la que contamos para su implementación”.
Figueredo también alentó a seguir conversando sobre la violencia contra las mujeres, y por sobre todo a concienciar a las distintas comunidades sobre las consecuencias que esta acarrea sobre la vida de las mujeres.
“No hay que cansarse de hablar y dialogar sobre este tema, eso es de vital importancia. Lo que vimos ayer es lamentable porque estamos hablando de gente joven”, dijo.
El feminicidio no es un ´asesinato más´
Alejandra Peralta Merlo, abogada, doctora en derecho y magíster en Derechos Humanos, dijo a L25 que el flagelo de la violencia hacia las mujeres debe ser abordado desde su multidimensionalidad, y ello implica abordar desde la óptica de los agresores, o potenciales victimarios.
Peralta dijo que para esto, es fundamental apostar por la salud emocional de las personas, invertir en educación de calidad en las escuelas y trabajar mejor en el campo del tratamiento de las adicciones a las drogas, elemento que casi siempre resulta un desencadenante para trastornos de la conducta humana.
“Si bien la ley es una política pública fundamental, expresar en un tipo penal la figura del feminicidio, es determinante porque permite visibilizar estos casos que antes sucedían, pero no se sabían porque no existía la figura del feminicidio. Cuando existe, recién podemos tener estadísticas, podemos decir que en Paraguay existe un promedio de un feminicidio por semana”, expresó.
La especialista dijo que lastimosamente esa alerta social que se envía, ese mensaje sobre la expectativa de pena muy elevada que tiene este hecho punible, no ha servido para disuadir la conducta del agresor.
Mencionó que la cantidad de años de prisión para las personas que cometan un feminicidio no sirve hasta el momento para disuadir a los potenciales agresores, y que entonces se vuelve necesario articular con otras políticas de gobierno para poder trabajar no solamente desde la víctima.
“Debemos trabajar en el victimario, en el hombre violento, trabajar en salud mental, en lo que es el manejo de ira, en lo que es el control de adicciones, cómo evitar llegar a la violencia”, afirmó.
Una medida que puede contribuir
Sobre el uso de las tobilleras para las personas que poseen arresto domiciliario y/o restricciones para acercarse a víctimas de violencia, cree que es una medida válida para contribuir a la disminución de hechos de violencia contra las mujeres.
“El uso de tobilleras electrónicas como política criminal definitivamente va a contribuir por lo menos a que se llegue a tiempo y evitar un posible feminicidio, a que la víctima pueda estar más tranquila y más segura para poder realizar sus actividades cotidianas sin temor a que el agresor aparezca en cualquier momento y por supuesto también va a generar una disminución de la población penitenciaria”, señaló.
Indicó también que disminuir el ingreso de personas a los centros penitenciarios, permitirá al gobierno concentrarse en las políticas de reinserción social de los condenados y condenadas.
“Va a ser un efecto en cadena también sobre otras personas, pero evidentemente tenemos que enfocar, digamos en una multiplicidad de acciones para que esto en conjunto pueda dar resultados. Sin dudas la educación es la madre de todas las estrategias, pero sabemos que esto lleva tiempo”, acotó.
Declaraciones peligrosas
También se refirió a las declaraciones de la senadora colorada cartista, Lizarella Valiente, quien había dicho que el machismo no existe y que son las mujeres las que “malcrían” a los hombres.
“Si tenemos autoridades que niegan la existencia del machismo y lo hacen desde los estados del poder legislativo, entonces evidentemente esto genera una invisibilización del problema real, que es un problema cultural”, dijo Peralta.
“Es muy importante cuidar el discurso y reconocer esta realidad. Trabajarlo desde las escuelas, desde los colegios, generar múltiples estrategias, ya sea de combate o de prevención”, aseguró.
También dijo que un feminicida no se hace “de la noche a la mañana”, que un criminal de esas características recurre primeramente a violencia verbal, psicológica, acoso y por último a la violencia física.
Los números
En Paraguay 4 de cada 5 feminicidios son cometidos por la pareja o expareja. En el caso de Katia Monserrath Brítez, en febrero de este año había denunciado a su agresor por violencia familiar. La fiscalía confirmó que Zaracho tenía arresto domiciliario, pero aun así seguía acosando a la hoy fallecida.
Según los datos del Ministerio de la Mujer, en el 2022 se registraron 36 feminicidios. Un 75% de estos casos fueron perpetrados por sus esposos, parejas o exparejas.
Violencia en las redes
Lilian Soto, reconocida activista por los derechos de la mujer, expresó en su cuenta de X, que el deseo de “pedir bala” para los feminicidas, no es el camino a tomar para esta problemática sino en reforzar los trabajos de prevención de violencia de género.
Sobre este mismo comentario, la activista recibió mensajes violentos y hasta amenazas a su integridad, a lo que la misma no quedó callada y lo denunció públicamente. Los casos de amenaza de muerte o violencia en las redes sociales y el ciberespacio en general, son tomadas como pruebas o elementos para el Ministerio Público.
