La suba sostenida de precios de diferentes rubros ha generado una disparada inusual de la inflación en el Paraguay, luego de años de estabilidad económica que amortiguó los efectos de eventuales fluctuaciones de los precios internacionales.
Pero en 2022, la continua escalada de precios en el campo de los combustibles representó un importante desequilibrio financiero en toda la cadena de producción y distribución, llegando a acumular 9 incrementos consecutivos de precio desde enero de este año, hasta hoy.
Sin embargo, la duda se genera cuando los índices internacionales hablan que el precio de crudo está disminuyendo hace varias semanas, pero eso no se traslada a los puntos de expendio de combustible. El precio medio del barril de petróleo Brent en septiembre cayó hasta los USD 91,37 en lo que va de mes, desde los USD 100,45 del mes de agosto, un 9,04%.
Actualmente el gobierno está intentando desactivar una medida de fuerza de centrales sindicales de transportistas que exigen la reducción de entre Gs 1.000 y Gs 1.500 por litro, pero el ministro del Interior, Federico González, ya anunció que esta reducción es inviable. Propusieron disminuir Gs 700 por litro.
Pero el problema que señalan los manifestantes es que los datos del sector privado no se conocen, por lo que la Cámara de Senadores dio media sanción a un proyecto de ley, que plantea transparentar los costos y los precios de facturación de los combustibles. Esto aplica para todo el rubro, tanto para Petropar, como el sector privado.
El senador Stephan Rasmussen (Partido Patria Querida), en comunicación con RadioCast25, dio detalles sobre esta propuesta legislativa, que dará mayor claridad a los consumidores.
Afirmó que, de promulgarse esta ley, será el Ministerio de Industria y Comercio el que va a solicitar toda la información a todos los actores involucrados. Estos datos serán sobre la estructura de costo, de manera mensual y a eso se va a dar publicidad en la página web.
“Lo que se plantea es que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) obtenga toda la información y diga que: el costo de diésel puesto en la estación de servicio en promedio, al 5 de setiembre, fue de G. 5500 y el precio final fue G. 7.500”, ejemplificó.
Agregó que, de esta manera, la ciudadanía va a saber si hubo o no una baja de costos y si esa baja se ve reflejada en el consumidor final. Aclaró que no hay una fijación de precios, porque eso sería inconstitucional, pero sí hay un pedido de información.
Dudas sobre los precios de combustibles
Cabe mencionar que la media sanción de esa iniciativa se da en medio de una incertidumbre que existe por parte de la ciudadanía en relación a los costos de los combustibles.
Durante los primeros meses de este año, las subas reiteradas fueron incluso más de una en menos de un mes. Para dar un ejemplo, el 1 de marzo de este año, el gasoil subió de G. 6580 a G. 7080. A fines de ese mes, el 31 de marzo, el gasoil subió a G. 8550.
Sin embargo, ahora que existe una baja del precio de la cotización internacional, los empresarios apuntan a que ya tienen reservas del producto de varios meses atrás adquiridos con los precios altos y que es hasta irresponsable decir, que se podrán bajar los costos en la actualidad.
Miguel Corrales, de la Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa), dijo en contacto con RadioCast25, que hay un proceso largo de importación de combustibles y desautorizó a Mario Abdo Benítez, quien aseguró que la reducción se daría a finales de este mes.
“Es aventurero decir: bajó el precio del crudo, mañana tiene que bajar en Paraguay, eso es imposible. En las estaciones de servicio, el stock rota constantemente. Estoy hablando de lo que dice la ley. Mismo Petropar tiene que tener un stock de tres a cuatro meses (…) Tiene que ser una baja sistemática, sostenible por lo menos por 45 días o dos meses para que eso pueda repercutir en el mercado interno, sostuvo.
Respecto a la unificación de precios, aseguró que en Paraguay hay una competencia sana.
“Hay muchos emblemas en el país, todas están tratando de vender al mejor precio posible. Estamos compitiendo, hasta te diría, de forma muy agresiva con respecto a los precios para poder llegar al consumidor final con precios más interesantes”, agregó.
Mucha concentración del mercado
Por su parte, el senador Rasmussen, dijo que en el sector del combustible hay una excesiva concentración del mercado, con muy pocos oferentes y muy poco poder del mercado por parte del consumidor, que básicamente es el tomador del precio.
“Encima hay una condición muy extraña en que todos los precios son iguales. Es muy extraña porque cada empresa tiene costos diferentes”, cuestionó.
Asimismo, señaló que Petropar no puede ser utilizada de referencia, para considerar los precios en los emblemas privados ya que tiene vicios de las instituciones estatales.
“Petropar tiene tres veces más la cantidad de funcionarios que debería tener una empresa eficiente, porque lastimosamente se usa como cupo político. Si uno trabaja con eficiencia no va a realizar compras sobrefacturadas”, acotó.
Contemplan sanciones para quienes no compartan información
Con respecto a la sanción que se plantea en el proyecto de ley, hay sanciones a proveer información, pero aclaró que no es para determinar precios.
“Esa información va aportar a que haya un precio justo y competitivo para que no haya ningún abuso de ningún sector. El Estado debe velar porque haya mejor competencia”, subrayó.
Asimismo, dijo que una vez promulgada le ley, esto se va a transparentar en papeles, porque establece además la posibilidad de que el MIC solicite información en Aduanas, Hacienda y Tributación, para poder conciliar la información.
“La información de importación, fecha y costo está todo en Aduanas, porque en base a eso se paga el Impuesto Selectivo al Consumo del combustible”. Puntualizó.
Finalmente, reconoció que el argumento de los emblemas de combustible se basa en que no se terminó todavía el stock de combustibles más caros. No obstante, afirmó que como ciudadanos no sabemos si es verdad, mentira, o una media verdad y que es justamente lo que se busca dilucidar con esta medida.
”Hoy estamos a ciegas (…) Es un sector con muchísimo poder sin la información necesaria y justa de entender lo que está pasando ahí adentro”, concluyó.
Ahora, falta que la Cámara de Diputados trate el proyecto de ley. Una vez sancionada, deberá ser promulgada o vetada por el Ejecutivo.
