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En la ANR es más grave apoyar otra candidatura que ser condenado por la justicia

El Tribunal de Conducta del Partido Colorado va a “analizar” qué hacer con el exsenador Óscar González Daher, condenado a siete años de prisión por enriquecerse ilícitamente y mentir en su declaración. Desde el partido afirmaron que no pueden expulsarlo antes de que haya una condena firme, no obstante, reconocieron que al menos 7000 personas fueron expulsadas por motivos políticos, es decir, apoyar a candidatos de otros partidos.

Para algunas personas el #ANRNuncaMás será contundente para las próximas elecciones municipales, para otras, como el director de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, es solo una consigna emocional y no tendrá ningún efecto electoral.

Sin embargo, siguen siendo cuestionables algunos de los procedimientos realizados por el Partido Colorado como la afiliación sin consentimiento y la falta de demostraciones contundentes de rechazo hacia las personas del partido que cometen hechos punibles o son investigadas por corrupción.

Leé más: ¿#ANRnuncaMás será solo una tendencia o un castigo en las urnas?

La supuesta voluntad de los dirigentes colorados para depurar internamente sus filas partidarias parecería quedar solo en sus discursos, como es habitual, ya que cuando deberían manifestar su repudio político hacia personajes que han defraudado la voluntad popular, prefieren eludir esta responsabilidad argumentando todo tipo de excusas.

En este sentido, Gustavo Cazal, presidente del Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR), habló con RadioCast25 respecto al caso del exparlamentario Óscar González Daher, recientemente condenado a 7 años por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, así como a su hijo Óscar González Chaves, condenado a 8 años por los mismos delitos, además de lavado de dinero.

En un primer momento, señaló que no puede emitir opiniones sobre el caso, ya que debe existir un análisis colectivo del organismo que preside. Pero seguidamente, mencionó el artículo 197 de la Constitución Nacional, que establece “que no pueden ser candidatos a senadores ni a diputados los condenados por sentencia firme a penas privativas de libertad, mientras dure la condena”.

“En un partido político no puede haber otra cosa que la aplicación similar de conceptos, estamos ante un hecho no consumado todavía para definir el campo y hacer la práctica de sanciones”, enfatizó.

“Cuestiones políticas no jurídicas”

Posteriormente, Cazal alegó que en esencia son un Tribunal Político y para tomar una resolución, deben considerarse cuestiones políticas, no jurídicas. En ese punto, subrayó que para eso está la justicia.

“Esa sentencia judicial que es jurídica, va a tener su connotación en el campo político una vez que tenga la sanción firme y ejecutoriada. ¿Hasta cuándo uno es inocente? La presunción de inocencia es hasta que te pongan todo lo que te tienen que poner. La presunción de inocencia aún está latente mientras haya apelación”, aseveró.

Leé la nota completa: González Daher, condenado a 7 años de prisión pero aún no irá a la cárcel

Sin embargo, a pesar de todos los argumentos expresados, dijo que necesitan una deliberación sobre el caso González Daher y lo van a hacer.

“Nosotros a lo sumo lo que vamos a hacer es ver qué nos obliga moralmente a realizar: una suspensión. Expulsión no podemos todavía, porque el artículo constitucional nos invalida de momento, a hacer actos que riñan con el principio de la sentencia firme o ejecutoriada”, insistió.

Asimismo dijo que en el caso del exparlamentario colorado Víctor Bogado no fue expulsado del Partido Colorado porque él solo fue condenado a un año de prisión –sin ir a la cárcel–, mientras que alegó que el Reglamento de la ANR habla de dos años de pena corporal, es decir, de estar en prisión.

“Hay 7.000 expulsados por cuestiones políticas”

El 30 de octubre 2015,  el Tribunal de Conducta expulsó al intendente de Juan Manuel Frutos y presidente de una seccional colorada, por apoyar abiertamente la candidatura de un representante del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Sin embargo, en abril de este año, el mismo Cazal dijo que no había motivos para expulsar al diputado colorado, Ulises Quintana, quien fue acusado por lavado de dinero y asociación criminal, debido a sus vínculos con el supuesto narco Reinaldo “Cucho” Cabaña.

El presidente del tribunal afirmó que hay al menos, 7.000 personas que fueron expulsadas de la ANR por cuestiones políticas, como por ejemplo, apoyar otras candidaturas, pero no por asuntos jurídicos.

“Andá a ver si otro partido tuvo la delicadeza de cuestionar la situación política, también están procesados por narcotráfico la mayoría. Yo no sé si los partidos políticos hicieron eso. Además cerca de 200 cuestionaron y recurrieron a la justicia por cuestiones jurídicas justamente”, remarcó.

Sin embargo, cabe recordar que Óscar González Daher fue expulsado del Senado por el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por tráfico de influencias, ya que ese es un juzgamiento político no judicial que se lleva a cabo en el Congreso.

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