La reglamentación de la ley –que busca destinar los gastos sociales de las binacionales a Salud– generó dudas y cuestionamientos al Gobierno. Algunos integrantes del Congreso cuestionaron la falta de claridad en el decreto del Presidente Mario Abdo Benítez, mientras que otros, recordaron que la Contraloría deberá constatar cómo se destinó el dinero ya utilizado o comprometido.
El Poder Ejecutivo promulgó, el 26 de abril pasado, la ley que integran los gastos socioambientales de las hidroeléctricas binacionales, Yacyretá e Itaipú, al presupuesto del Ministerio de Salud, en el marco de la pandemia del COVID. Según estimaban los congresistas, iban a ser unos USD 150 millones, como fondo a ser utilizado para el efecto.
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Sin embargo, ayer en conferencia de prensa, representantes del Ejecutivo informaron que solo quedan USD 20 millones para destinar al Ministerio de Salud. Esto, teniendo en cuenta que el resto del dinero ya fue comprometido para otras obras, alegaron.
Asimismo, la administración de Mario Abdo dio a conocer la reglamentación de esta propuesta, a través de un decreto con fecha de ayer, 10 de mayo. Este marco regulador generó controversias por su supuesta falta de claridad.
“El decreto reglamentario no sirve para nada”
La diputada Kattya González (PEN) fue una de las primeras legisladoras en cuestionar la reglamentación de la ley.
Aseguró que en los cinco artículos del documento, lo que hace el Ejecutivo es una simple transcripción de lo que dice en la ley, “sin explicar cuáles van a ser los mecanismos y, por sobre todas las cosas este decreto no tiene un anexo presupuestario, o sea, no sabemos cuánto dinero realmente se va a destinar”, apuntó.
El dinero debe ingresar al presupuesto de Salud
La senadora Desirée Masi, en conversación con Latitud 25, dijo en primer momento que el Parlamento debe hacer mea culpa, respecto a las expectativas que se generó sobre la cantidad del dinero que debería venir de las binacionales.
“Tenemos que hacer mea culpa, jamás eran USD 150 millones en las binacionales, entonces uno debe ser mínimamente serio para que la crítica sea justa y creíble”, reflexionó.
Agregó que es imposible saber con precisión cuál es la cantidad de dinero que las binacionales destinan a los gastos sociales. En este sentido, señaló que se puede observar el Presupuesto General de Gastos y en ese punto, ver que hay dinero destinado a organizaciones sin fines de lucro.
Otra parte está direccionado a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). “No creo que ningún paraguayo vaya a decir que no tenemos que invertir en la ANDE, porque tenemos que estar preparados para consumir más energía”, ejemplificó Masi.
La legisladora aseguró que hay una gran parte de las unidades de salud que se está construyendo con presupuesto de las binacionales. “Podemos cuestionar que sean caras, esto y aquello, pero está el convenio y está firmado. Hay cuestiones que están justificadas y hay cuestiones que nunca estuvieron justificadas”, alegó.
Asimismo aseveró que en cuanto al mecanismo de cómo se va a proceder a partir de ahora con el dinero, ya no tiene nada que discutir el Ejecutivo. Sobre esto punto dijo que el gobierno ya no puede seguir destinando estos fondos a través de convenios.
“Porque la ley dice que tiene que entrar en el presupuesto. Vamos a suponer que se compren vacunas; ellos tienen que decir: tenemos disponibles USD 30 millones y eso deben remitir al presupuesto de Salud y ahí de manera transparente el Ministerio de Salud distribuye. Eso tiene que entrar en el presupuesto”, enfatizó.
Además recordó que el Congreso ya hizo un pedido a la Contraloría General de la República de que entre a controlar cómo las binacionales asignaron estos montos. “Tiene que ver si esa unidad de salud que dice que le costó tanto dinero, ver si en realidad está en ese precio o le costó la mitad”, referenció.
Cabe señalar que otras intenciones de transparentar los gastos sociambientales de las binacionales fracasaron anteriormente. El proyecto de ley que fue sancionado por el Congreso para incluir estos fondos al Presupuesto General de la Nación fue vetado por el presidente de la República en noviembre del año pasado.
En esta ocasión, ante la crisis sanitaria, las muertes en aumento a causa del COVID-19 y el colapso del sistema sanitario, Mario Abdo se vio obligado a promulgar esta iniciativa.
