Este lunes tiene un sabor diferente. Una angustia generalizada invade a miles de paraguayos que ayer asistieron a un episodio en el que, una vez más, el narcotráfico hizo gala de su infiltración en la fibras más íntimas de la sociedad paraguaya.
El episodio de sicariato ocurrido ayer domingo 30 de enero en el Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino, en medio del festival Ja’umina Fest que aglutinó a cerca de 15.000 personas, según fuentes de la Policía Nacional, no solo conmocionó a todo el país sino que reveló el poder sin disimulo que ejerce el crimen organizado en diferentes instancias de la sociedad, sin que ninguna institución del Estado pueda hacerle frente.
Entre las víctimas fatales: Cristina -Vita- Aranda, la reconocida modelo e influencer de redes sociales y esposa del jugador de Olimpia Iván -Tito- Torres, recibió un impacto de bala en la cabeza y falleció en el Hospital Nacional de Itauguá. Marcos Ignacio Rojas Mora es la segunda víctima fatal, quien recibió ocho impactos de bala y murió en el lugar.
Entre los heridos, se encuentran dos personas con antecedentes criminales y hasta órdenes de captura internacional por nexos con estructuras criminales, José Luís Bogado Quevedo “Kuré”, quien tiene una orden de captura internacional desde 2014, fue herido con arma de fuego y está en cuidados intensivos, y Marcelo Monteggía, quien tiene antecedentes penales por violencia familiar en el 2017, quien también recibió disparos.
Luego se encuentran Daniela Barrientos, esposa del jugador de Olimpia Víctor “Tucu” Salazar quien también recibió un impacto de bala en la pierna, y su marido que fue derivado a un sanatorio privado por estrés postraumático. Además, Jorge Benítez recibió un balazo en el muslo izquierdo y Sadi Bonzi que terminó con dos orifico de entrada y salida en ambas piernas, de dos impactos de arma de fuego.
Paraguay, ¿un estado narco?
Según el criminólogo Juan Martens, Doctor en Criminología por la Universidad de Barcelona, Paraguay está viviendo hace décadas un aumento sostenido de la violencia letal en el país, producto de la proliferación de grupos criminales que irrumpieron con fuerza desde el Brasil y la falta de voluntad política real del Estado Paraguayo para combatirlos.
Martens asegura que a episodios como estos tenemos que leerlos con una desvergüenza cada vez mayor, por la colaboración del Estado con su falta de acción, pese a la creación de infraestructura institucional (más instituciones) que no logran permear efectivamente porque no hay interceptación de bienes mal habidos.
“Hay cero análisis de correspondencia de bienes de fiscales, policías, jueces, que trabajan en la lucha contra el crimen organizado que ostentan y que no condicen con sus ingresos”, dice el especialista al momento de asignar parte de la responsabilidad a la corrupción de los órganos estatales que deberían justamente ser el contrapoder del narcotráfico en defensa de la gente.
La tolerancia social de muchas personas que disfrutan de bienes y servicios que provienen del narcotráfico, como conseguir productos (de lujo) más baratos o apoyar a candidatos que están invirtiendo en campañas electorales para el 2023, también es una parte sustanciosa del problema.
Samber, nuevo eje logístico de narcos
Las condiciones que presenta San Bernardino como nuevo polo de inversiones y desarrollo comercial, hace que este municipio sea estratégico para la consolidación de células de estos grupos del crimen organizado para tener base en un área cercana a la capital.
“San Bernardino se está constituyendo en un centro logístico del narcotráfico, amparado por una tolerancia social y empresarial que lo protege”, dice el doctor en Criminología.
Esta hipótesis se sustenta en varios factores, como la conectividad que tiene con las rutas nacionales circundantes a este municipio y que conectan con diversos puntos del país; el rápido acceso a la capital, la cercanía con Luque y su aeropuerto, que es un gran centro de negocios del narcotráfico para la salida de cargamentos de droga a través de mulas que transportan las maletas.
El anonimato de ciertas personas que van a instalarse a San Bernardino a residencias con alquileres exhorbitantes que ascienden a USD 12.000 por mes, también es un indicador importante a tener en cuenta, ya que solamente personas con un enorme capital podrían hacer frente a costos de esta magnitud a cambio de tener un lugar seguro donde operar, según el especialista.
“Existe una tolerancia social y empresarial (a la infiltración del narcotráfico) y que tiene una protección institucional o política, porque no hubiese ocurrido todo esto sin participación de la policía”, dice Martens.
El incremento de la presencia y presión institucional en zona de frontera hizo que los negocios se trasladasen a otras partes del país y el que ofrece mejor infraestructura es Asunción y el área Metropolitana.
Una alerta anticipada
En medio de todo el frenesí de lo ocurrido, comenzó a circular en WhatsApp unas capturas de pantalla de agentes inmobiliarios y propietarios de viviendas advirtiendo de que un grupo de 23 personas con antecedentes penales y oriundas de Pedro Juan Caballero, buscaban residencias para alquilar durante el fin de semana.
Una gestora inmobiliaria consultada por Latitud25 que pidió no identificarse, comentó que los procedimientos para los alquileres de alto costo en San Bernardino no contemplan análisis del origen de los fondos ni presentación de documentos adicionales a la cédula de identidad del titular y del garante, la presentación del IVA y certificado de ingresos, de modo a solicitar los antecedentes policiales e Inforconf.
“Es muy difícil garantizar el origen de los fondos con los que las personas pagan los alquileres. En la Suiza o en Aqua Village los alquileres rondan los USD 10.000 y USD 12.000, lo más barato es USD 8.000 por mes en temporada”, dice la agente inmobiliaria reconociendo que no existe capacidad para identificar a narcotraficantes si estos no cuentan con antecedentes.
Con la pandemia se vivió una migración importante de personas de diferentes puntos del país que se establecieron en San Bernardino para pasar los meses de cuarentena, logrando así una nueva dinámica comercial en el municipio veraniego.
Municipio no controla origen de fondos
El director de Planificación Urbana de la Municipalidad de San Bernardino, Arq. Eugenio Ohene, reconoce que la ley orgánica municipal no contempla el cruzamiento de los fondos de las inversiones que se radican en el municipio, ya que eso sería responsabilidad de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), según dice.
“Seprelad tiene la responsabilidad de controlar el origen de fondos. Tenemos que ver necesariamente que Seprelad haga su trabajo y que venga a acampar acá en verano, si hace falta. El movimiento financiero de San Bernardino es muy fuerte”, advierte el director de Planificación Urbana.
Ohene menciona que el promedio de casas nuevas que fueron habilitadas en 2021 es de 200 a 250 por año, pero que el origen de esos fondos no está siendo investigado debidamente, lo que podría hacer suponer que narcotraficantes adquieren propiedades y construyen suntuosas mansiones con la plata de su actividad criminal, con la convicción de que no serán investigados.
Un negocio rentable
La posición geográfica de San Bernardino y su notable cercanía al aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque, lo convierte en un sitio ideal para los grupos narco si consideramos la dimensión del negocio. Según Juan Martens, cada maleta de cocaína puesta en Europa con origen en Paraguay puede llegar a valer USD 1.500.000 dólares, pagado con dinero en efectivo
“Poder liberar un kilo de cocaína en el aeropuerto está USD 3.500, sumado a eso, los USD 4.000 que cuesta la cocaína puesta en Paraguay, son USD 7.500. Esto llega a Europa y en una venta rápida y barata, se permite colocar la mercancía por USD 30.000, teniendo una ganancia de USD 22.000 por cada kilo. En cada maleta entran 50 kilos”, asegura.
