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Reivindicar crímenes como el Plan Cóndor es un delito grave, aseguran

Expresiones en Twitter reivindicando el nefasto “Operativo Cóndor” generaron indignación en redes sociales. Especialistas en Derecho Penal y Derechos Humanos, configuran el hecho como apología al delito y resaltan el peligro que conlleva reivindicar hechos de violencia y crímenes de lesa humanidad. Aseguran que esto puede ser denunciado por cualquier ciudadano ante el Ministerio Público y que incluso la fiscalía ya debió hacerlo de oficio.

En Twitter abundan declaraciones de todo tipo y opiniones diversas sobre diferentes tópicos que van surgiendo diariamente. Pero cuando un tweet se viraliza por su contenido violento o por el fomento de la comisión de delitos, generan un debate intenso sobre la libertad de expresión y las responsabilidades posteriores por los dichos vertidos.

En este sentido, una operadora colorada del cartismo tuiteó que en la década del 70 el Operativo Cóndor ayudó a “parar” con la izquierda, generando una oleada de reacciones de repudio a esta afirmación.

Si bien, el tuit fue eliminado posteriormente, una captura de pantalla se convirtió en tendencia y generó una inusitada indignación entre los usuarios que conocen la historia, quienes reconocen los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante ese operativo.

El Operativo Cóndor, que se llevó a cabo entre los años 70 y 80, “tuvo como principal función el seguimiento y delación de los ciudadanos en el exterior, constituyéndose en un brazo especializado del aparato represivo durante todo el período dictatorial: un número importante de paraguayos fueron desaparecidos en el exterior y algunos extranjeros fueron desaparecidos en el Paraguay, en acciones conjuntas de intercambios de prisioneros”, según la Comisión de Verdad y Justicia.

El operativo estuvo integrado por varios países, en Paraguay, representado por Alfredo Stroessner, además de los dictadores de Argentina (Rafael Videla y Reynaldo Bignone), Brasil (Ernesto Geisel), Chile (Augusto Pinochet), Uruguay (Juan María Bordaberry) y Bolivia (Hugo Banzer). Según refieren varios medios basados en el “Archivo del Terror”, Cóndor produjo unos 50.000 asesinatos, 30.000 desaparecidos y 400.000 encarcelados.

Hasta la fecha, en Paraguay existe un número de al menos 400 desaparecidos que no pueden ser buscados por falta de recursos del Estado, por lo que las heridas siguen abiertas en cientos de familias.

Entretanto, Pinochet y Stroessner murieron, en 2006, sin ser enjuiciados. Rafael Videla fue condenado a cadena perpetua, en 2010, por la desaparición de 31 detenidos y, dos años después, a otros 50 años de prisión por el robo de niños nacidos de prisioneras en centros de detención clandestinos. Falleció en 2013.

Fiscalía debería investigar

El abogado penalista Guillermo Ferreiro, resaltó que casos como estos pueden ser investigados por el Ministerio Público y que incluso deberían ser investigaciones de oficio por parte de este organismo.

En primer lugar, explicó que cualquier persona puede presentar esta denuncia ante la Fiscalía porque se refiere a un delito de acción penal pública.

¿Por qué reivindicar el Plan Cóndor sería un delito?

El abogado Ferreiro explicó que asumir su existencia y reivindicar el Operativo Cóndor, como una manera de controlar a cierto sector ideológico, es hacer apología a la violencia y desaparición o exterminio de personas.

“Es como decir a toda la gente de un partido de fútbol que hay que matarlos. Para mí hay que hacer una investigación en este caso”, referenció.

Recordó que los discursos de odio están penados y prohibidos en todas partes porque eso genera violencia y se configura como apología al delito.

Según el Código Penal, en su artículo 238 habla de la Apología al Delito y dice que quien sea culpable, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa.

En cuanto a las personas que alegan que prevalece la libertad de expresión en casos como estos, respondió que normalmente hay una confusión conceptual, que tiene que ver con “la protección de esta libertad –hasta de una forma exagerada si es posible–, como una forma de equilibrio de lo que veníamos sufriendo con la dictadura”, indicó.

No obstante, subrayó la necesidad de distinguir las diferencias. Dijo que una cosa es la censura previa (antes de la publicación) que está prohibida por la Constitución, con algunas excepciones incluso, porque se puede censurar por ejemplo si hay alguna información que puede afectar una investigación, pero ya estamos hablando de otros aspectos cuando se trata de la responsabilidad posterior.

“Imaginate que salga un político argentino y diga ´la guerra contra la Triple Alianza estuvo muy bien para mantenerle a raya a los paraguayos’, entonces yo reivindico un crimen de manera a tener controlado un sector que a mí no me gusta. Es normal que a mí no me gusten o los de izquierda o los conservadores, pero si estamos reivindicando (crímenes), eso genera un ambiente de violencia que es muy peligroso, por eso la ley penal prevé sanciones para estos casos”, enfatizó.

Finalmente, dijo que no existe ningún atentado a la libertad de expresión si se reclama responsabilidad posterior.

“Yo puedo decir lo que quiera, pero tengo que hacerme cargo de lo que dije, yo puedo decir que no me gusta la corrupción, pero si acuso a alguien de corrupto sin tener pruebas, yo tengo que hacerme cargo de lo que hice (…) El límite de la libertad de expresión es la censura previa, que no puedas decir algo antes, es un error conceptual que se ha generalizado en nuestro país, yo entiendo que puede ser mal utilizada la responsabilidad para generar miedo y evitar que los periodistas investiguen, pero no es así, son conceptos diferentes”, aseveró.

No se hizo un trabajo de conciencia

Guillermina Kannonikoff, víctima de la dictadura stronista, lamentó las expresiones que hacen referencia al plan Cóndor y agregó que hablar de esta manera a estas alturas, significa que no hemos evolucionado lo suficiente.

“Implica que hay un trabajo de conciencia que no se hizo por un nunca más, un trabajo que desde la escuela se debía enseñar. Implica que las personas que pertenecían a esos grupos siguen con los mismos criterios, como decía Pastor Coronel y Lucilo Benítez: ‘si yo volviera a nacer volvería a hacer lo que hice’, es gente que no va a cambiar, evolucionar, no debería estar ni cerca de la política, porque es gente peligrosa”, resaltó en relación a la persona que emitió el tweet.

Finalmente, aseguró que las organizaciones de derechos humanos deberían hacerse cargo de esto.

Reivindicar crímenes de lesa humanidad está penado en varios países

Por su parte, el secretario ejecutivo de CODEHUPY, Dante Leguizamón, afirmó que están analizando la situación entre otras organizaciones.

Sostuvo que es sumamente grave una reivindicación de este tipo, por más de que se haga entre comillas de manera solapada de un plan que ordenó la tortura y desaparición de un miles de personas, no solamente en Paraguay, sino en toda Sudamérica.

“Reivindicar delitos y crímenes de lesa humanidad está penado en varios países y es una situación que debe ser investigada y atendida en nuestro país, es una situación sumamente grave. Da un poco cuenta de la situación actual. Recordemos que este año se cumplen 30 años de los hallazgos del Archivo del Terror, que han sido prueba fundamental ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la confirmación efectiva del funcionamiento coordinado del plan Cóndor en ese sentido”, concluyó.

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