La mayoría de las personas, con frecuencia, pierden la noción de lo que realmente comprende el agua para nuestra existencia. El agua, es ese elemento indispensable para la vida y para el equilibrio de la naturaleza, ese factor indivisible que no sólo hidrata, sino que además, dignifica la vida de las personas.
El agua es un recurso en abundancia en Paraguay, por los acuíferos que forman parte del sistema hidrológico subterráneo de nuestro territorio. Sin embargo, las cifras del sector agua y saneamiento muestran que aún estamos lejos de asegurar la provisión de agua potable a miles de familias en todo el país.
Según autoridades del sector agua y saneamiento, la verificación a prestadores del servicio en Paraguay –en cuanto a análisis físicos, químicos y bacteriológicos–, reportó que 1.489.609 personas.
Esto significa que cerca del 20% de la población, están recibiendo agua sin desinfección. Si esto sumamos a las 900.000 personas que no tienen acceso al servicio de agua, el total de habitantes que no cuentan con agua potable supera a las dos millones de personas.
Por eso, es necesario conocer las cifras de la realidad, y saber que hoy en día, en algún lugar del Paraguay, hay personas que aún deben extraer agua no sanitizada de un pozo o cauce hídrico. Incluso hay quienes deben almacenarla después de una lluvia ocasional, para poder beber.
Las implicancias del agua como derecho humano
El agua es considerada como un derecho humano, porque a partir del acceso a este servicio, se puede potenciar el desarrollo de las personas.
¿Cuál es la implicancia de que sea considerada un derecho? Significa que los gobiernos que firmaron el pacto económico, cultural y social, donde se enmarcan estos derechos, son los encargados de garantizarles a todos sus ciudadanos y ciudadanas, sin distinción.
En ese sentido, significa que el Estado deja de ver a sus pobladores como titulares de necesidades y debe empezar a planificar con la base de que son titulares de derechos.
“De esta manera, los ciudadanos pueden exigir el agua como derecho y el servicio ya no es visto como “una caridad” por parte del gobierno”, refiere Claudia Zapattini, consultora del Observatorio Ciudadano por el Agua, Saneamiento e Higiene (OCASH).
En ese contexto, el pasado 7 de marzo de 2023, el Ejecutivo promulgó el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PNAPS). El documento reconoce al agua como un derecho humano que debe estar garantizado en Paraguay.
Hablemos de las brechas
Son varias y diversas las brechas y desigualdades que existen en la cobertura de redes de saneamiento, para cumplir con los compromisos asumidos por el Paraguay.
La población más afectada por la falta de agua es la indígena. El 70% de las viviendas se proveen de agua para beber de sistemas de auto provisión cuya potabilidad no está garantizada.
El 88,2% de la población total cuenta con agua por redes, mientras que el 77% de esa población, que cuenta con el servicio, recibe agua con desinfección, según la Erssan 2021.
En cuanto al saneamiento, según el Instituto Nacional de Estadísticas, el 85,5% de la población posee acceso a saneamiento mejorado. A su vez, el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan), de 2021, indica que el 15,04% de la población total cuenta con alcantarillado sanitario, mientras que el 7,5% de la población total con tratamiento de efluentes cloacales.
En la región Occidental, el 45% de la población tiene letrinas convencionales o baños secos, lo que sería un aproximado de 88.600 habitantes, según el Informe de situación APS del Chaco.
En cuanto a las dificultades para cerrar las brechas de este servicio, el director del Centro de Tecnologías Aplicadas y especialista en desarrollo sustentable, Ing. Roberto Lima, habla de que se deben dividir bien los dos servicios.
Provisión de Agua Potable
Lima resalta que es necesario todavía llegar a las comunidades más pequeñas y aisladas, en especial las indígenas (o pueblos originarios), que están muy dispersas. “A todas estas, el Estado debe declararlas de subsidio 100%”, indica.
Considera que se debe eliminar la ley actual de subsidio que maneja Senasa, que estimula la atomización del sector.
“Los municipios, las gobernaciones y las binacionales, deberán destinar sus presupuestos actuales que son del 5% al 10% para el sector. Esto es necesario para que en sus territorios, nadie quede sin abastecimiento, pero con miras en el fortalecimiento de los servicios existentes”, apunta.
Cobertura de Redes de Saneamiento
Por otro lado, señala que se debe modificar la normativa sobre las juntas de saneamiento, y volver al concepto original de su creación. Cada municipio debe contar con una sola junta de saneamiento, y varias filiales que sirvan a las comunidades más aisladas, pero con un concepto de economía de escala.
Refiere, que en ese contexto, las juntas de saneamiento, deben tener protagonismo incidente en el sector (agua, gestión de las aguas residuales domiciliarias, gestión de las basuras, gestión de los recursos hídricos, entre otros), como lo estipula la Ley de creación y no solo el suministro de agua.
“Con esto, la junta de saneamiento tendrá un papel preponderante, podrá trabajar en forma conjunta con la Dependencia Municipal de Agua y Saneamiento (DMAS), promocionada por la Dapsan del MOPC. No se pueden realizar obras de alcantarillados cloacales en las condiciones de ingobernabilidad de cuencas que hoy existen en los Municipios”, remarca.
Amenazas a la sostenibilidad de los servicios
El Ing. Roberto Lima indica que, justamente, la falta de gobernanza del sector, es lo que amenaza la sostenibilidad de un sistema que garantice la provisión de agua a las comunidades. Esto se debe a la manera en que está distribuido el servicio de agua.
Según el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, la prestación de los servicios, hasta el año 2021, registró un total de 5.762 prestadores. La prestación del servicio está dividida entre un gran prestador nacional en áreas urbanas, que es la ESSAP, el ente estatal que abarca el 32% del servicio de la cobertura nacional del agua.
El resto, abarca el 68% del servicio, los que serían aguateros privados, juntas de saneamiento, comisiones vecinales, cooperativas, entre otros. Entre estos, más de 4.500 son prestadores comunitarios.
El ingeniero explica que los prestadores que no tienen relación con el Gobierno central, una vez que paguen su deuda con el Senasa, dejan de tener vínculos formales y no podrán recibir recursos para mantenimiento de sus sistemas.
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“El Senasa puede colaborar para capacitaciones o cosas indirectas o financiar una nueva obra de ampliación, pero hasta allí (desconozco si puede intervenir más). El MOPC construye sistemas y transfiere como donación, puede incluir capacitaciones mientras dure el programa en esa comunidad, pero no da sostenimiento en el tiempo”, aclara.
El Erssan no tiene capacidad de supervisar a todos los prestadores del país y ni el 10% de todos los prestadores hacen reportes a esta institución.
Dice además, que es importante, que el Titular de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento esté en una institución de Servicios Públicos y no de Obras Públicas, ni de Protección del Ambiente. Los conceptos de los Servicios son muy diferentes y los intereses también.
¿Qué hace el gobierno al respecto?
La titular de Senasa, Sara López, afirma que, sobre todo en el sector rural, están trabajando en escalar los prestadores de gestión comunitaria o privados, para que sean más grandes y solventes. Asimismo, buscan que sean sostenibles, en la medición, la calidad del agua y las tarifas adecuadas. “El desafío es grande pero es lo que estamos haciendo en el sector rural”, subraya.
Asimismo, cuenta que desde Senasa están llevando a cabo cursos para desarrollar habilidades en electromecánica, cloración y plomería. La enseñanza se lleva a cabo a través de aulas virtuales. También, resalta que, tienen un taller de capacitación de Agua y Saneamiento, en Misiones.
“A través de otras cooperaciones usamos el cambio de comportamiento a través del arte social. Se hacen obras de teatros callejeros, murales participativos. Buscamos la incorporación de los jóvenes a las juntas de saneamiento como agentes de cambio, eso tenemos dentro del programa Lazos de Agua”, puntualiza.
Finalmente, manifiesta que la asistencia técnica en el sector rural es constante, ya que los sistemas van cumpliendo su vida útil y se van ampliando.
No obstante, reconoce que el Estado no puede solo, ya que los recursos son escasos, por lo que requiere de la ayuda de las organizaciones civiles.
Estas medidas no serán suficientes
Roberto Lima sostiene que, aún con la creación de las dependencias municipales de agua y saneamiento, no bastará; lo que guarda relación con el contexto actual.
A todo esto, hay que sumar a la discusión, que los empresarios privados del sector tienen un derecho adquirido. Por ello, refiere que los mismos deben obtener ganancias y no se los puede excluir simplemente del mapa de acciones.
“Los gobiernos tuvieron 23 años para firmar convenios con estas organizaciones o empresas, pero no lo han hecho. Quiere decir, que la alternativa existente en la Ley no sirve y debe ser estudiada y cambiada”, agrega.
Dice además que si no se aborda este aspecto con seriedad, en las distintas y extensas aristas que cita, no se podrá avanzar.
La conformación actual de la estructura estatal no podrá hacer frente al desafío de pasar del 15% de cobertura del alcantarillado al 50%.
Comenta que la administración de los servicios de alcantarillado no basta solo con ceder en donación al operador local, sin experiencia y capacidad.
“Requiere de un acompañamiento subsidiado de varios meses para que puedan lograr su autosuficiencia. Todos los operadores, aún hoy tienen problemas, para cumplir con todos los requisitos del Erssan para la provisión de los servicios de agua potable, sean privados, juntas de saneamientos o Essap. Más aún tendrán que mantener un sistema de alcantarillados sanitarios”, acota.
Finalmente, comenta que los sistemas individuales de letrinas o cámara séptica con pozos absorbentes, podrán seguir usándose por algunas décadas más en los sectores rurales y periurbanos.
Sin embargo, advierte que en las áreas urbanizadas se complicarán cada vez más y no se podrán seguir usufructuando.
