La falta de protección que sufren las mujeres todos los días, no es casual. Es el resultado de décadas de mirar a otro lado ante el dramático incremento de hechos de violencia normalizados a lo largo de los años y que estuvieron amparados por una cultura social de supremacía del hombre sobre la mujer.
Esta consciencia hacia lo que implican las agresiones de género sistemáticas fue creciendo en los años recientes, pero las instituciones del Estado aun se mantienen indiferentes en cuanto a la necesidad de actualizar sus procesos y mecanismos de respuesta rápida a las víctimas para prevenir que sigan sucediendo hechos similares.
En este sentido, cuando se abordan casos de violencia de género o incluso feminicidios, es habitual la asignación de la culpa o provocación a las mujeres, las víctimas. Incluso, en estamentos públicos que reciben las denuncias, como la Policía o la Fiscalía, ese comportamiento se agudiza, al exigir a las víctimas tener que demostrar físicamente que fueron violentadas.
Si no hay moretones, no hubo violencia
La abogada María José Durán, del Consultorio Jurídico Feminista, hizo público un nuevo caso de una mujer, cuya denuncia no fue recibida. Según su relato, el Juzgado de Paz de San Roque, de Asunción no le dejó presentar su denuncia bajo el argumento de que requería de un acta policial, ya que no presentaba signos de agresión física.
En contacto con Latitud25, la abogada explica que este se suma a otros casos similares. La mayoría de ellos corresponden a Asunción y ciudades del departamento Central.
Leé más: Feminicidios: Estado no hace lo suficiente para combatir la violencia hacia la mujer
En capital el que tiene mayor número de quejas es San Roque, pero también la Encarnación y el Juzgado de Trinidad. En cuanto a Central, hay reclamos de juzgados de Capiatá y Fernando de la Mora, por citar algunos.
Durán explica que varias instituciones que deben encargarse de velar por la seguridad de las mujeres, ponen barreras para recibir las denuncias. Algunas piden el patrocinio de un abogado o abogada o solicitan el parte policial, cuando en realidad cualquier institución debe recibir este tipo de denuncias, más aún cuando está en peligro la vida de una persona.
Agrega que este proceder de los funcionarios públicos se tipifica como un tipo de violencia hacia la mujer, estipulada en la ley.
La falta de protección es fatal
Las omisiones a las denuncias por maltrato o amenazas, en gran proporción, son el motivo por el cual muchos casos de feminicidios terminaron concretándose.
Mujeres que luchan por eludir los asechos y hostigamientos que reciben departe de sus ex parejas, padecen el abandono de las instituciones. Para tener ejemplos puntuales, recordamos dos feminicidios, que ocurrieron a pesar de que las víctimas hayan buscado ayuda en su momento.
El 27 de junio de 2022, Lilian Elizabeth de 35 años, fue asesinada por su ex pareja, Eliseo Burgos, según datos de los investigadores. El hombre había amenazado a la mujer reiteradas veces y la víctima fatal había presentado denuncias en contra del mismo, según declaraciones de su madre. Sin embargo, por la falta de protección, la mujer terminó siendo otra víctima de feminicidio.
El 10 de agosto de 2022, una de las ex parejas de Ana Jara, acabó con su vida a balazos. Este trágico final se dio, a pesar de que la mujer hizo denuncias por violencia y amenazas, un total de 11 veces. Incluso había posteado en sus redes sociales que no quería ser otra víctima de feminicidio.
Esos son solo un par de ejemplos, de tantos, de cómo la falta de acciones eficientes por parte del sistema de justicia es fatal. En ese contexto, la abogada Durán, también cita los casos en que mujeres van al juzgado a pedir una medida cautelar y tardan en expedir el documento, un aproximado de tres días.
“La mujer se tiene que ir otra vez a su casa a dormir con su agresor, eso es fatal. No se puede estar instando a las mujeres a que denuncien y que después cuando denuncian, haya un vacío”, cuestiona Durán.
¿Qué es la violencia institucional?
La ley Nº 5777 “De Protección Integral A Las Mujeres, Contra Toda Forma De Violencia”, establece que la violencia institucional tiene que ver con: “los actos u omisiones cometidos por funcionarios, de cualquier institución pública o privada, que tengan como fin retardar o impedir a las mujeres el acceso a servicios públicos o privados o que en la prestación de estos se les agreda o brinde un trato discriminatorio o humillante”.
María José afirma que el 80% de los casos que llegan al consultorio jurídico tienen que ver con algún tipo de violencia basada en género. Asimismo, señala que las dudas con frecuencia guardan relación con la falta de información que tienen las personas sobre como tramitar denuncias sea en el ámbito penal o de cualquier institución.
“Brindamos orientación de carácter general, no asumimos la representación legal. Lo que hacemos es guiarlas”, aclara.
En ese punto, considera que existe una gran necesidad de que las instituciones capaciten y actualicen a sus funcionarios en cómo atender y tratar las denuncias de violencia hacia la mujer.
Los números no bastan
Desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), han criticado al gobierno de Mario Abdo Benítez por la falta de voluntad política en mejorar la situación de las mujeres, reflejada en el bajo presupuesto otorgado al Ministerio de la Mujer.
Refiere que la cartera, tiene para este 2023 un aproximado de G. 14 por día, por cada mujer que vive en el país. “En este Gobierno se redujo 42% del presupuesto”, resaltó a través de un comunicado.
Al respecto, Durán reconoce que el presupuesto es exiguo y considera de gran valor las estadísticas en las que ha venido trabajando el Ministerio de la Mujer. Sin embargo, asevera que se requieren de acciones más efectivas y no solo mostrar números de lo terrible que está la situación para las mujeres.
Hay que seguir denunciando
A pesar de las barreras existentes en la sociedad y las propias instituciones, hay una ley que protege a las mujeres y debe ser cumplida. También existen organizaciones, como el Estudio Jurídico Feminista, que asesora a las mujeres en materia legal, de manera gratuita, a través de una línea de contacto.
Asimismo, las líneas para hacer denuncias y las instituciones que deben velar por la seguridad de las mujeres son las siguientes:
Ministerio de la Mujer: SOS Mujer 137 (gratuita).
Ministerio de la Defensa Pública: Línea 133 (gratuita).
Departamento de Asistencia a Víctimas de Violencia de la Fiscalía: 021 210 785/7 y 021 220 609.
Comisarías que cuentan con la división de violencia
Comisaría 6a Metropolitana. Dirección: Mcal. López c/ Kubischetk. Teléfono: (021) 204-876.
Comisaria 7a Metropolitana. Dirección: Eusebio Ayala Nº 1412 c/ Dr. Luis Morquio. Teléfono (021) 228-518.
Comisaría 15a Metropolitana. Dirección: Avda. Fdo. de la Mora c/ De la Victoria. Teléfono: (021) 554-389.
