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Aumentando las penas, no se lograría mitigar el sicariato, advierten expertos

Especialistas en derecho penal e investigadores que hacen el seguimiento a organizaciones del crimen organizado, afirman que la ley que propone tipificar el sicariato y aumentar las penas para este crimen, no ayudará a solucionar la problemática de fondo, sino que solo desviará la atención de lo que se necesita realmente para erradicar esta problemática. Nuevo estirón de oreja a parlamentarios que buscan legislar sobre leyes que ya están vigentes en el marco penal.

En los últimos años, el sicariato como fenómeno criminal en el país fue aumentando exponencialmente, incremento que revela dos consideraciones importantes: la consolidación de facciones de organizaciones criminales trasnacionales que van ganando terreno en Paraguay como ruta de traslado de cocaína y armas; y la constante expansión a nuevos territorios del país en los que el crimen organizado no tenía actividad prominente.

Según los registros del equipo de investigación del Departamento de Criminología y Seguridad de la Universidad Nacional de Pilar/INECIP-Paraguay, desde enero de 2022 a la actualidad, se computaron 83 episodios de sicariato en Paraguay, un promedio de un caso cada dos días.

Tres de esos casos, conmocionaron a la ciudadanía e hicieron percibir de manera más cercana los efectos de la expansión del crimen organizado: los asesinatos de Cristina Vita Aranda, del fiscal antidrogas Marcelo Pecci y recientemente del intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo. Si bien el segundo sucedió en las playas de Barú – Colombia, investigadores consideran que está estrictamente vinculado con el actuar de grupos criminales activos en Paraguay.

En ese marco, legisladores del Partido Patria Querida y otras bancadas, decidieron presentar un proyecto de ley para tipificar el sicariato en el Código Penal, con una pena de entre 15 a 30 años de prisión.

Al respecto, abogados en derecho penal y analistas en criminología consultados por Latitud25, hablan de esta propuesta que se presentó en la Cámara Alta y aseguran que no sería del todo efectiva según los fundamentos que sustentan esta intención.

No ayudará ni a solucionar ni a disminuir el problema

El abogado penalista, Ricardo Preda, dijo en contacto con RadioCast25, que este proyecto de ley lo que hace es aumentar la carga punitiva que incluye una de las hipótesis que está en el Código Penal, que es matar con fines de lucro.

“Lo que quieren es castigar de manera más grave a quién se dedica profesionalmente a ejecutar homicidios. Entonces deberían tipificar de esta manera. El punto que yo veo es que podría conspirar en el futuro (…) Hay cuestiones que tienen que pensar bien porque yo dudo que un soldado de Primer Comando Capital (PCC) no va a ejecutar a alguien porque el mínimo de prisión es 15, porque probablemente si no lo realiza, el castigo interno es su propia vida”, explicó.

Agregó que no hay evidencia de que elevando las penas, automáticamente disminuya la cantidad de hechos. Señaló que hay políticos que nos quieren hacer creer que modificando el código penal va a disminuir. “Eso lo que hace es hacernos perder de vista cuáles son las verdaderas herramientas necesarias para ir disminuyendo ese tipo de casos”, apuntó.

Recordó además que el Código Penal incluso castiga la tentativa de instigar a otra persona a cometer un crimen o de que sea cómplice. “Todo eso ya está previsto, lo que pasa es que no hay un artículo que te va a describir exactamente”, aseveró.

En ese mismo sentido, opinó el juez de apelación penal, Pedro Mayor Martínez, hablando incluso de que existe un “evidente populismo penal” al presentar este tipo de propuestas.

Ley podría ayudar a generar estadísticas

Por su parte, el investigador de hechos de sicariato, Jorge Rolón Luna, consideró que la tipificación va a facilitar la generación de estadísticas, ya que en la actualidad los datos oficiales son difusos y difíciles de sistematizar.

“Va a permitir que la ciudadanía haga un sentimiento, digamos, focalizado en estos casos, y ver la real efectividad del Ministerio Público en estos delitos. Ahora se confunde con un delito común cuando se tipifica el hecho, ahora se pierde con los otros homicidios, no sabemos bien qué pasa con esos casos”, remarcó.

Rolón Luna coincidió con Preda en que la elevación de la pena es un error en la intención de disminuir la ocurrencia de estos crímenes, ya que finalmente se ha demostrado con otras normativas restrictivas que no tiene una incidencia directa en la no comisión del crimen.

“Si nosotros pensamos que el derecho penal tiene algún tipo de capacidad para solucionar esto, nos equivocamos. Hay razones de fondo para que una persona a la que se le pagó le quite la vida a otra persona, para llegar a ese momento, pasan muchas cosas antes”, sostuvo.

En este sentido, el criminólogo Juan Martens aseguró que contabilizar los casos de sicariato siempre es un problema complejo, por la forma en la que se va a entender qué es sicariato y qué no.

“Nosotros contamos cuando una persona realiza la acción letal con arma de fuego o con arma blanca y esa persona que realiza la acción letal no es la que desea la muerte, sino que hay un mandante. Allí nosotros comenzamos a contabilizar”, explicó el especialista.

Martens además detalló que su línea de investigación contabiliza las muertes consumadas, no las tentativas de sicariato, ya que hay equipos de investigación que contabilizan también este delito. “A efectos criminológicos tiene que haber muerto una persona para que se cuente”, aclara.

Depurar la política de vínculos narcos es el primer paso

Rolón Luna manifestó que si, como país, venimos haciendo lo mismo, ocupándonos de estos problemas de la misma manera de siempre, no habrá otros resultados que la agudización del problema.

“No solucionando los problemas de fondo, uno de ellos es la manera en que el lado extremo de nuestra política está involucrada en estos negocios, ya sea como representantes directos de este negocio, o como gente que recibe dinero para su campaña”, referenció.

En ese punto, reflexionó que si no depuramos nuestra política, tampoco podemos depurar las fuerzas de seguridad, ni equiparlas, para que tengan condiciones para enfrentar al crimen organizado, que siempre está un paso adelante, dejando en evidencia la incompetencia del Estado para combatirlo debidamente.

“Creo que en las fuerzas policiales hay gente muy preparada, el problema es cómo se maneja la Policía. ¿De qué sirve tener ese personal preparado y capacitado? Si todo tiene que ver con que el principal problema es el friccionamiento de nuestra política”, subrayó.

Resaltó además que Paraguay no tiene una política criminal respecto al sicariato, por ejemplo, no tiene información estadística, no tiene un equipo de la Policía que haga inteligencia, que cruce información de los diferentes casos, que pueda eventualmente evitar alguno que otro homicidio y eso es algo que se hace en el proceso, reflexionó.

“Creo que vamos a tener unas fuerzas de seguridad competentes y capaz de ocuparse de estos temas en la medida en que la clase política se lo permita”, concluyó.

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