En menos de una semana, entre finales de agosto e inicios de setiembre se dieron dos situaciones en las que adolescentes menores de 15 años se vieron involucrados en hechos punibles, casos que posicionaron con fuerza nuevamente el desamparo hacia niños y adolescentes, por parte de un Estado que se declara pro-vida y pro-familia.
El primer caso, ocurrió en el mercado de Abasto de Asunción, en el que un chipero fue asaltado y asesinado por una adolescente de 14 años que ya fue detenida; y el segundo, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el que otro joven de 14 años aparentemente mató -accidentalmente- a su hermano de dos años, en circunstancias poco claras.
Sin embargo, esta situación de pobreza y desprotección, lleva décadas en nuestro país sin una solución real por parte del Estado, más allá de acciones esporádicas que buscan apaciguar la ansiedad social que genera este drama pero que no significan una solución de fondo.
La abogada Diana Vargas, especialista en Derechos Humanos, dijo en RadioCast25 que en los hechos delictivos en los que están involucrados niños normalmente se esperan intervenciones más protectoras por parte de las instituciones, pero cuando se trata de adolescentes, surge en los medios de comunicación la idea del punitivismo, mientras que la oferta pública del Estado en cuanto a mecanismos de protección para adolescentes, es insuficiente o prácticamente nula.
“Una población invisible”
Vargas consideró que la población de adolescentes vulnerables es prácticamente invisible, salvo cuando uno de ellos comete un hecho punible, ya que entonces es cuando se comienza a debatir la realidad de estas personas y se advierte de las dimensiones del problema en la sociedad.
“Ahí tenemos la muestra del tejido social tan deteriorado, no podemos leer esta situación fuera de contexto, de la pobreza y exclusión que aquejan a millones de familias paraguayas, situaciones de consumo o de exclusión del ámbito laboral. Todo eso trae ese tipo de violencias hacia niños o adolescentes, como esta niña expuesta a abusos y tantos tipos de violencia que aquejan a su vida”, apuntó.
Intervenciones tibias
Vargas siguió en la línea de que el Estado interviene escasamente para proteger de manera integral a los menores de edad.
“Cuando hay una intervención, ¿cómo lo hacen?, con una intervención tibia, una protección de gua’u, con papeles, donde todo queda en un expediente, pero no en la vida de una familia. Hay una orden de abrigo que no fue ejecutada”, cuestionó.
Dijo que esos escenarios son también la muestra de la debilidad del sistema de protección que tienen que ver, por un lado, con una cuestión presupuestaria, es decir, las instituciones que se deben encargar de este trabajo no tienen suficientes fondos o personal.
“Tenemos un discurso de país pro familia, pero no invertimos en fortalecer las capacidades de cuidado de las familias”, subrayó.
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En ese punto, remarcó que ese es otro elemento que se puede observar en el caso del adolescente de Pedro Juan Caballero, que habría matado a su hermano de dos años de manera accidental.
La especialista en derechos humanos, resaltó que en esa situación hay una madre de familia, trabajadora que deja a un niño a cargo de un joven porque no tiene opciones, ya que existen escasísimos programas del Estado para el apoyo a las familias en los deberes de cuidado.
“Me refiero a los centros abiertos, también llamados guarderías, con inversión pública, no se trata de pagar un millón de guaraníes para ir a la guardería, el Estado no ofrece estos espacios y cuando ocurren hechos como estos, le van a caer a la madre por incumplimiento del deber del cuidado y quién sabe cuántas cosas más y en contra de este adolescente, que no sabemos en qué condiciones ocurrió”, lamentó.
Sin embargo, para la fiscala Reinalda Palacios, responsable del caso, aun no está muy claro si la madre será imputada por violación del deber de cuidado, pero sí aseguró que es un caso sensible porque se trata de una madre de escasos recursos, que no tenía con quién dejar a los menores y es la única que podía salir a trabajar.
Contención psicológica
La agente fiscal comentó que el menor detenido recibió contención psicológica y quedó a cargo de la defensora de la niñez y adolescencia. Afirmó que como fiscala no puede indagar al menor, por lo que solo puede acceder a la información a través del profesional de salud mental.
En ese contexto, la abogada Diana Vargas remarcó que un aspecto muy importante de las dos situaciones que se analizan, es que un adolescente para ser imputado por un hecho punible primeramente se tiene que evaluar si tiene la madurez psicosocial suficiente para cometer el hecho.
“Entonces habrá que ver si el adolescente tiene la capacidad de comprender lo que realizó, porque ese elemento es indispensable para que el Estado, en este caso la justicia penal, pueda continuar con su proceso”, concluyó.
